Piden cinco años de prisión para la cúpula naval por la tragedia del ARA San Juan

El Ministerio Público acusó a cuatro exoficiales de enviar la nave al mar con graves fallas técnicas estructurales y sin el mantenimiento obligatorio.

El ingreso de agua salada al sistema de ventilación del tanque de baterías número tres originó un cortocircuito letal en las profundidades del Atlántico Sur. Este desperfecto técnico desencadenó un principio de incendio incontrolable en el balcón de barras que alteró de forma crítica la seguridad del navío. Las consecuencias directas de aquel episodio del 14 de noviembre de 2017 derivaron en la pérdida total del control del submarino y la posterior muerte de sus 44 tripulantes.

Las condiciones estructurales de la embarcación registraban anomalías documentadas mucho antes de la misión final ordenada por las máximas autoridades navales. Los fiscales demostraron que la unidad superó por 26 meses el plazo límite estipulado para ingresar a dique seco y recibir las tareas de preservación requeridas por el fabricante. Estas decisiones logísticas recaían sobre el titular del Comando de Alistamiento, Luis Enrique López Mazzeo, y el comandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide.

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El Ministerio Público Fiscal apuntó contra estos altos mandos militares y otros dos exoficiales por omitir sus responsabilidades de supervisión sobre el material bélico. Los representantes del Estado exigieron penas de hasta cinco años de prisión efectiva para los cuatro imputados durante la primera jornada de alegatos en la Patagonia. La querella pública sostiene que los acusados conocían perfectamente las severas limitaciones del transporte marítimo y aun así avalaron la fatídica expedición hacia el sur.

Los fiscales plantearon ante el estrado que el navío inició su último viaje desde Mar del Plata en “condiciones técnico-operativas deficientes para realizar las tareas encomendadas”. Las autoridades judiciales fundamentaron su acusación leyendo distintos fragmentos probatorios extraídos directamente del requerimiento de elevación a juicio. La premisa central del alegato institucional remarcó que “el resultado era predecible” debido a la sumatoria de fallas arrastradas durante años.

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El representante principal de la fiscalía, Gastón Franco Pruzan, profundizó sobre los peligros inherentes a la navegación bajo la superficie con equipos sin certificar. El funcionario judicial enfatizó ante los magistrados que “la falta de realización de las tareas de mantenimiento en dique seco se había traducido en la imposición de limitaciones operativas a la unidad que redundaban en un aumento del riesgo ínsito que conlleva la actividad submarina”. Esta exposición técnica buscó acorralar las defensas de los exjefes sentados en el banquillo.

El desarrollo del debate oral permitió revisar detalladamente los expedientes vinculados a la última reparación de media vida que el submarino finalizó en el año 2015. Más de noventa testigos pasaron por la sala de audiencias santacruceña para explicar cómo la embarcación acumuló problemas constantes desde aquella restauración. Los magistrados Mario Reynaldi, Enrique Baronetto, Luis Alberto Giménez y Guillermo Adolfo Quadrini escucharon los testimonios de peritos que confirmaron la persistencia de fallas activas.

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La estrategia acusatoria requirió un esfuerzo metodológico conjunto para desglosar la inmensa cantidad de pruebas acumuladas a lo largo de toda la etapa de instrucción. El equipo fiscal dividió las exposiciones temáticas para abordar la estructura de mandos, los reglamentos internos de las fuerzas armadas y las negligencias particulares. Junto al fiscal Pruzan intervinieron activamente sus pares Lucas Colla, Julio Zárate y María Andrea Garmendia Orueta, aportando precisiones operativas.

El organigrama oficial de la Armada Argentina experimentó cambios importantes en su conducción jerárquica a principios de febrero de 2017, pocos meses antes del naufragio. La designación de nuevas autoridades en las áreas de alistamiento concentró el poder de decisión sobre el despliegue territorial de toda la flota de mar. La justicia evalúa exactamente cómo funcionó esa cadena de órdenes a la hora de autorizar el patrullaje del submarino con reparaciones pendientes.

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Las exposiciones del ministerio público concluyeron su fase argumentativa central y trasladaron la presión directa hacia el resto de las partes involucradas en el proceso. Los jueces federales de la ciudad de Río Gallegos enfrentan la tarea de procesar todo el volumen documental para dictaminar el grado de culpabilidad de los imputados. El fallo definitivo establecerá un límite legal estricto sobre las responsabilidades penales de los comandantes cuando administran recursos defectuosos del Estado.