La industria podrá importar maquinaria usada con menos aranceles desde junio

El decreto reduce tributos, amplía el alcance del régimen y suma controles para empresas que importen equipos usados con proyectos aprobados.

Las empresas que busquen importar maquinaria usada para plantas nuevas, ampliaciones o modernización productiva tendrán desde el 24 de junio un esquema con menos carga tributaria y un trámite rediseñado. El Gobierno modificó el Régimen de Importación de Líneas de Producción Usadas mediante el Decreto 483/2026, publicado en el Boletín Oficial, y cambió condiciones centrales del sistema creado en 2016. La medida apunta a bajar costos de ingreso para equipos industriales usados, pero también incorpora garantías, rendiciones y sanciones para ordenar el control posterior. El nuevo marco alcanza proyectos de mejora de competitividad aprobados y se aplicará también a expedientes en curso donde todavía quede pendiente la ejecución o liberación de garantías.

El cambio más visible aparece en los tributos que deberán pagar los bienes incluidos en el régimen. Las líneas de producción usadas abonarán solo el 25% del arancel de importación, quedarán exentas de la tasa de estadística del 2% y tampoco pagarán la tasa de comprobación de destino del 3%. Para una empresa industrial, esa reducción puede modificar el costo final de una inversión que hasta ahora quedaba atada a cargas más altas y trámites más extensos. La reforma no elimina las obligaciones administrativas, pero cambia la puerta de entrada para equipamiento usado destinado a mejorar procesos, ampliar capacidades existentes o instalar nuevas plantas.

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La norma también redefine qué se entiende por línea de producción usada y elimina una exigencia que podía limitar el acceso al beneficio. El régimen anterior requería que el componente principal fuera usado, mientras que el nuevo texto deja afuera esa condición y permite encuadrar proyectos con otra composición de bienes. El beneficio se extiende a empresas con proyectos aprobados que importen maquinaria para instalar, ampliar, diversificar o modernizar procesos productivos. Esa modificación amplía el margen para compañías que combinan equipos usados, bienes reconstruidos o componentes complementarios dentro de una misma línea industrial, siempre bajo evaluación estatal.

El decreto incorpora además líneas destinadas a generación de energía eléctrica y almacenes inteligentes, dos rubros que no tenían el mismo tratamiento dentro del esquema previo. También amplía hasta 30 años la antigüedad admitida para bienes reconstruidos o actualizados, un punto importante para sectores donde la maquinaria conserva valor técnico durante largos períodos. La reforma abre una ventana para importar equipos usados con más vida útil, siempre que formen parte de un proyecto industrial validado. Ese criterio puede resultar atractivo para firmas que no acceden a maquinaria nueva por precio, escala o disponibilidad, aunque la aprobación del proyecto seguirá como condición central.

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La compra obligatoria de bienes nacionales baja del 30% al 10%, con un plazo máximo de un año desde la aprobación del proyecto. Ese cambio reduce una obligación económica relevante para las empresas que busquen usar el régimen, aunque mantiene una participación mínima de proveedores locales dentro de la inversión. El Gobierno achica la exigencia de integración nacional para facilitar la importación de equipos usados, pero no la elimina por completo. La medida reordena el equilibrio entre apertura de maquinaria industrial y compra interna, un punto sensible para empresas importadoras, proveedores nacionales y sectores productivos que necesitan equipamiento específico.

El trámite suma una herramienta destinada a acelerar el ingreso de bienes antes de la resolución definitiva. La Constancia de Expediente en Trámite, conocida como CET, permitirá importar maquinaria mientras el expediente sigue bajo análisis, siempre que la empresa constituya las garantías aduaneras correspondientes. La CET funciona como una vía rápida condicionada: habilita la importación antes del cierre administrativo, pero deja a la empresa expuesta si incumple los requisitos. Ese mecanismo busca reducir tiempos muertos en proyectos industriales, aunque también obliga a sostener documentación completa, garantías vigentes y respuestas ante cualquier requerimiento de la autoridad.

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El sistema de auditorías será reemplazado por una rendición de cuentas con profesionales certificados, lo que modifica la forma de control y los tiempos de gestión. La reforma fija plazos más concretos para empresas y administración pública, además de soluciones automáticas ante el silencio oficial. Si la autoridad no se pronuncia dentro de los seis meses posteriores al vencimiento para presentar la rendición, la instancia podrá considerarse concluida y las garantías podrán liberarse automáticamente. Esa regla introduce previsibilidad para los administrados, pero también exige que la documentación llegue completa y respaldada por profesionales habilitados.

El régimen incorpora beneficios, aunque también endurece las consecuencias para quienes no cumplan con el procedimiento. La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa podrá ordenar la ejecución total de garantías cuando exista silencio del peticionante ante requerimientos, falta de rendición de cuentas o uso indebido de la CET. El decreto prevé sanciones equivalentes al 20% de los tributos no ingresados, más intereses y un cargo punitorio del 2% mensual. La facilidad para importar maquinaria usada queda entonces atada a un esquema de responsabilidad posterior, con costos altos si la empresa no sostiene el trámite.

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El texto oficial ubica la reforma dentro de una actualización de la política comercial industrial. La norma indica que los cambios buscan “hacer más eficiente su aplicación y asegurar la concordancia con los lineamientos actuales de política comercial industrial”. Esa frase resume el criterio del nuevo régimen: menos costos y más velocidad para ingresar equipos usados, con controles administrativos concentrados en garantías y rendiciones. La discusión económica quedará en la capacidad de las empresas para convertir ese alivio en inversiones concretas, mejoras de productividad y ampliación real de procesos industriales.

La aplicación práctica del decreto marcará el alcance final de la medida. Las empresas deberán presentar proyectos aprobados, cumplir con la compra mínima de bienes nacionales, constituir garantías, usar correctamente la CET y rendir cuentas dentro de los plazos previstos. El límite operativo estará en la respuesta del Estado y en la conducta de las firmas que usen el beneficio para importar maquinaria usada. La norma ya fija el nuevo marco, pero su impacto dependerá de cuántos proyectos ingresen, qué sectores lo aprovechen primero y cómo se controle la utilización de equipos dentro de las plantas.

Fuente: NA.