Impulsan agravar las penas por ataques a periodistas en el ejercicio de su función

Las agresiones contra periodistas podrían tener un castigo más severo en Argentina si prospera un proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa propone incorporar un nuevo agravante al Código Penal para elevar las penas cuando los delitos sean cometidos contra trabajadores de prensa en el ejercicio de su actividad profesional.

El proyecto fue impulsado por el diputado nacional Juan Fernando Brügge y plantea la creación del artículo 41 sexies. La modificación establece que las penas previstas para cualquier delito contemplado en el Código Penal aumenten en un tercio, tanto en su mínimo como en su máximo, cuando la víctima sea un periodista atacado por razones vinculadas a su labor informativa.

La propuesta no se limita únicamente a quienes realizan tareas periodísticas frente a cámaras o micrófonos. También incluye a técnicos, camarógrafos, fotógrafos, productores y demás integrantes de los equipos de trabajo que participan en la cobertura y producción de contenidos informativos.

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Según el texto presentado en el Congreso, el objetivo es brindar una protección especial a quienes cumplen una función considerada esencial para el funcionamiento democrático. La iniciativa sostiene que las agresiones contra trabajadores de prensa no afectan únicamente a las víctimas directas, sino que pueden tener consecuencias sobre el derecho de la sociedad a recibir información.

El proyecto surge en un contexto marcado por numerosos episodios de violencia registrados durante coberturas periodísticas, especialmente en movilizaciones, protestas y manifestaciones públicas. En los fundamentos se mencionan casos de agresiones físicas, amenazas, hostigamientos y daños a equipos de trabajo sufridos por periodistas en distintos puntos del país.

Brügge argumenta que este tipo de hechos generan un efecto intimidatorio que puede limitar el ejercicio de la actividad periodística. Desde esa perspectiva, considera necesario incorporar herramientas legales que contribuyan a desalentar las agresiones y fortalecer las garantías para el desarrollo de la tarea informativa.

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La iniciativa también toma como referencia informes elaborados por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), organización que viene registrando y documentando ataques contra trabajadores de prensa. Esos relevamientos muestran una persistencia de episodios de violencia, particularmente durante coberturas en espacios públicos.

Entre los fundamentos aparecen además referencias a estándares internacionales vinculados a la libertad de expresión. El proyecto recuerda que distintos tratados y organismos internacionales consideran indispensable que los Estados adopten medidas destinadas a proteger el trabajo periodístico frente a amenazas y agresiones.

En esa línea, se citan pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que advierten sobre el impacto que tienen los ataques contra periodistas. Según esos organismos, las agresiones no solo afectan a quienes las padecen directamente, sino que también pueden restringir la circulación de información de interés público.

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La propuesta no es completamente nueva. Brügge ya había impulsado una iniciativa similar en 2017, aunque nunca llegó a ser debatida por el Congreso. Ahora decidió volver a presentarla argumentando que los episodios de violencia contra trabajadores de prensa continúan produciéndose y requieren una respuesta legislativa específica.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que el agravante no crea delitos nuevos ni modifica las figuras penales existentes. Lo que propone es aumentar las sanciones cuando cualquier delito sea cometido contra periodistas o integrantes de equipos periodísticos mientras desarrollan tareas vinculadas a su profesión.

La iniciativa fue girada a las comisiones de Legislación Penal y de Libertad de Expresión, donde comenzará su análisis parlamentario. Allí los legisladores deberán debatir el alcance de la propuesta y definir si avanza hacia el recinto para su eventual aprobación.

Mientras tanto, el proyecto vuelve a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa a distintos sectores políticos y sociales: cómo garantizar el ejercicio seguro del periodismo en un contexto donde las agresiones durante coberturas continúan siendo una preocupación recurrente para quienes trabajan en los medios de comunicación.