La Corte dejó firme la cautelar por fondos universitarios contra el Gobierno

Actualidad25/06/2026

El máximo tribunal rechazó el planteo del Ejecutivo y mantuvo vigente la orden de actualizar salarios universitarios y recomponer becas estudiantiles.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme este jueves la medida cautelar que obliga al Estado nacional a aplicar artículos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario. El máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario presentado por el Gobierno al considerar que la resolución apelada no constituía una sentencia definitiva. Con esa decisión, se mantiene vigente la orden judicial que exige actualizar haberes del personal docente y no docente, además de recomponer programas de asistencia estudiantil.

La resolución fue adoptada por unanimidad y lleva las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El fallo no resuelve todavía la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad del decreto presidencial, pero deja sin efecto la pretensión del Ejecutivo de frenar la cautelar en esta etapa. En términos prácticos, el Gobierno deberá seguir cumpliendo la orden judicial mientras el expediente principal continúa su trámite.

El conflicto se originó a partir de un amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional, en medio de la disputa por el presupuesto de las universidades públicas. La presentación cuestionó el alcance del decreto 759/2025, con el que el Poder Ejecutivo buscó condicionar la ejecución de partidas aprobadas por el Congreso. Para las universidades, esa decisión afectaba el funcionamiento del sistema y vulneraba la vigencia de una ley sancionada por el Poder Legislativo.

La cautelar ahora ratificada alcanza especialmente a los artículos 5 y 6 de la ley 27.795. Esos puntos ordenan cubrir el desfasaje salarial acumulado desde diciembre de 2023 para docentes y no docentes, y también recomponer el financiamiento de programas de becas y asistencia estudiantil. La discusión judicial, por lo tanto, no se limita a una pulseada institucional, sino que impacta directamente en salarios, cursadas, permanencia estudiantil y condiciones de funcionamiento académico.

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El alcance de la medida, sin embargo, no abarca toda la recomposición reclamada por las universidades. La cautelar dejó afuera, al menos en esta etapa, la actualización general de partidas correspondientes a 2024 y 2025. Esa diferencia es importante porque el expediente principal continuará definiendo si el Estado debe aplicar de manera más amplia la ley de financiamiento y qué margen tiene el Ejecutivo para postergar o condicionar su ejecución.

La Cámara Federal había señalado que el congelamiento de fondos podía afectar de manera directa el derecho constitucional de enseñar y aprender en las universidades públicas. Ese argumento quedó en pie con la decisión de la Corte, que no habilitó el tratamiento del recurso extraordinario del Gobierno por razones procesales. El tribunal entendió que todavía no existía una sentencia definitiva ni una resolución equiparable que justificara su intervención plena sobre el fondo del conflicto.

El Gobierno ya había intentado otra estrategia dentro del expediente al recusar a magistrados que intervienen en la causa. El argumento oficial se apoyó en que algunos jueces ejercen la docencia universitaria, pero esos planteos fueron rechazados por inadmisibles. Con ese antecedente, el expediente siguió avanzando con los mismos tribunales y mantuvo abierta la discusión sobre el decreto presidencial y la aplicación de la ley.

La decisión de la Corte llega pocas semanas después del acta acuerdo firmada el 10 de junio entre el Ministerio de Capital Humano y los gremios universitarios. Ese convenio contempló la transferencia de fondos equivalentes a un incremento del 24,33% en la masa salarial, junto con una suba del 50% para las Becas Manuel Belgrano desde junio. También se fijó una nueva mesa de negociación paritaria para el 15 de septiembre, aunque el acuerdo no cerró por completo el reclamo por la aplicación integral de la ley.

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Para el sistema universitario, el fallo representa un respaldo judicial en una pelea que lleva meses de tensión política, presupuestaria y sindical. Las universidades vienen reclamando actualización de recursos para sostener salarios, gastos de funcionamiento, becas, hospitales universitarios, investigación y extensión. La cautelar no resuelve todos esos frentes, pero mantiene una obligación concreta sobre puntos sensibles de la ley.

Para el Gobierno, en cambio, la resolución implica un nuevo revés judicial en su intento de administrar el impacto fiscal de la norma. La Casa Rosada sostiene que las obligaciones presupuestarias deben ajustarse al equilibrio fiscal y a la disponibilidad de recursos. Sin embargo, la Justicia volvió a remarcar que una ley vigente no puede quedar suspendida por una decisión administrativa mientras se discute su validez constitucional.

El fallo también vuelve a colocar al Congreso en el centro de la discusión. La ley de financiamiento universitario fue aprobada por ambas cámaras y se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre el oficialismo, la oposición y la comunidad académica. La disputa expresa un conflicto más amplio sobre el alcance de las decisiones legislativas frente a la estrategia fiscal del Ejecutivo.

La resolución de este jueves no cierra el expediente, pero sí ordena el escenario inmediato. La medida cautelar sigue vigente, el decreto presidencial continúa bajo revisión judicial y el Gobierno no logró que la Corte frenara la aplicación de los artículos cuestionados. Mientras tanto, las universidades públicas mantienen su reclamo por una recomposición más amplia que garantice previsibilidad presupuestaria para el funcionamiento del sistema.