
El proyecto de Axel Kicillof exige registro, seguros, paradores, botones de emergencia y más información sobre quienes trabajan en apps en la provincia.

Los repartidores y choferes que trabajan mediante aplicaciones en la provincia de Buenos Aires podrían contar con nuevas herramientas de asistencia, cobertura y control sobre sus condiciones de trabajo. El gobierno de Axel Kicillof envió a la Legislatura bonaerense un proyecto para regular la actividad de plataformas digitales como Rappi, Didi, Uber y Pedidos Ya. La iniciativa apunta a sumar obligaciones para las empresas, con foco en seguridad, transparencia, descanso y acceso rápido a emergencias.
El proyecto aparece después de los cambios introducidos por la reforma laboral nacional, que incorporó la figura del prestador independiente para quienes ofrecen servicios de reparto o movilidad mediante infraestructura digital. Esa categoría reconoce la autonomía del trabajador, pero no implica una relación laboral tradicional ni subordinación directa con la empresa. La propuesta bonaerense busca intervenir sobre las condiciones concretas en las que se presta el servicio, sin dejar librados todos los aspectos a la política interna de cada plataforma.


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Uno de los puntos centrales es la creación de una app oficial provincial destinada a los trabajadores de plataformas. Esa herramienta tendría servicios de seguridad, como un botón de pánico o aviso rápido, además de un botón de emergencia vinculado a la salud. La intención oficial es que quienes recorren calles, avenidas y rutas por pedidos o traslados tengan una vía directa para pedir asistencia ante situaciones de riesgo.
La iniciativa también crea el Registro de Trabajo Mediante Plataformas Digitales, con inscripción obligatoria para las empresas. Las compañías deberán cargar datos personales de quienes desarrollan tareas mediante esas aplicaciones, además de información sobre la cantidad de personas activas en cada servicio. El registro busca darle al Estado provincial una base de información que hoy aparece fragmentada o depende de lo que cada firma decide informar.
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Las plataformas tendrían nuevas exigencias de transparencia frente a las autoridades y los representantes de los trabajadores. Deberán comunicar cuántas personas prestan servicios mediante cada aplicación, con detalle según nivel de actividad y situación contractual o laboral. También tendrán que informar condiciones generales del vínculo, duración promedio de las tareas, horas semanales trabajadas, ingresos medios obtenidos e intermediarios con los que mantengan contratos.
La cobertura ante accidentes aparece como otra obligación fuerte dentro del texto. Las empresas que organicen o intermedien servicios de reparto, retiro, traslado o entrega de bienes, además del transporte de personas en la vía pública, deberán contratar un seguro a su cargo. El Banco Provincia ofrecerá una alternativa para esa cobertura, aunque el costo quedaría en cabeza de las plataformas.
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El proyecto también incorpora condiciones físicas de apoyo para la jornada laboral. Las compañías deberán garantizar paradores habilitados en sus centros de operación, depósitos o locales, con espacios mínimos para descanso, alimentación, higiene y seguridad. Además, deberán disponer áreas para estacionar los vehículos utilizados durante la actividad, un punto sensible para repartidores que trabajan en moto, bicicleta o auto.
Los fundamentos del texto sostienen que la regulación busca ordenar el acceso a servicios básicos para quienes trabajan mediante aplicaciones. Allí se plantea que “se propicia la creación de un plan integral y registro de trabajadores mediante plataformas digitales, respondiendo a la evidente necesidad de regular de un modo sencillo y eficaz el acceso a la seguridad, a la atención en la emergencia, a servicios e información, a la capacitación y mejora de las condiciones de trabajo”. La frase resume el enfoque oficial: intervenir sobre la disponibilidad de derechos y acelerar las respuestas ante situaciones de riesgo.
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La reforma laboral nacional ya había establecido otras reglas para el sector, como libertad de conexión, posibilidad de trabajar en varias aplicaciones al mismo tiempo y facultad de aceptar o rechazar pedidos sin justificar la decisión. También incorporó exigencias de transparencia algorítmica, canales de atención humana, derecho a réplica ante bloqueos o suspensiones y portabilidad de datos de desempeño. La propuesta bonaerense agrega una capa provincial sobre seguridad, registros, seguros y espacios de descanso.
Los prestadores, según el esquema nacional, deben ser titulares de su propia cuenta, estar inscriptos ante las autoridades fiscales y cumplir con sus obligaciones tributarias y de seguridad social. Eso incluye aportes para acceder a la Prestación Básica Universal, pensiones y al Sistema Nacional del Seguro de Salud. La discusión que se abre ahora en la Legislatura bonaerense será cómo compatibilizar esa autonomía formal con mayores controles sobre empresas que organizan, asignan, miden y condicionan buena parte del trabajo diario mediante sus plataformas.

















