La CGT descarta el paro como salida política pero no abandona la idea a futuro

La central obrera más importante del país se encuentra en una posición que incomoda por igual a quienes exigen acción inmediata y a quienes prefieren la pasividad: reconoce que sobran razones para declarar un paro nacional, pero sostiene que hacerlo mal sería peor que no hacerlo.

Esa tensión fue el hilo conductor de las declaraciones que Cristian Jerónimo, secretario general de la CGT y titular del SEIVARA, brindó en Futurock. El sindicalista fue preciso: la CGT no esquiva la medida de fuerza, pero tampoco la considera una solución política en sí misma.

Para Jerónimo, el paro tiene una condición de validez que va más allá de la voluntad de la conducción central: necesita adhesión federal. No alcanza con que Buenos Aires lo acompañe mientras el interior mira desde afuera. La medida debe ser acatada por todo el país, y eso implica un trabajo previo de construcción que no se improvisa. "Tenemos que pensar en esa gente, no solamente en los trabajadores que tienen hoy la bendición de tener un trabajo formal, y tener claro que, en este proceso, hay que darle pelea de acá hasta que se termine, que será el año que viene en la elección presidencial", expresó, trazando el horizonte temporal de la disputa.

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Esa mirada sobre los trabajadores informales no es un agregado retórico: es el núcleo político del argumento. Jerónimo identificó el crecimiento del empleo informal como el gran problema estructural del país, y reclamó que cualquier estrategia sindical contemple a ese sector mayoritario que no tiene representación gremial directa. La central debe caminar la Argentina, hablar con todos los sectores y concientizar a los ciudadanos para que se involucren en una pelea que los excede a todos. Sin esa base ampliada, cualquier medida de fuerza quedaría limitada a los formales y perdería legitimidad social.

Pero la crítica de Jerónimo no se detuvo en el Poder Ejecutivo. Con una franqueza que resultó llamativa, apuntó al Congreso y denunció que el gobierno de Milei cuenta con la complicidad activa de sectores del propio peronismo para aprobar leyes que van a contramano del pueblo argentino. La acusación combina dos frentes: la responsabilidad del oficialismo y la del peronismo que legisla en su favor. Esa doble traición es, según el sindicalista, parte del diagnóstico que la CGT debe incorporar para construir una respuesta política coherente.

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En ese marco, la Ley de Modernización Laboral aprobada en febrero se convirtió en el punto de ruptura más concreto. Jerónimo fue categórico: las organizaciones sindicales no la acatarán si implica avalar el avasallamiento de derechos conquistados. Y para fundamentar esa postura recurrió a un argumento que el propio gobierno le proporcionó sin querer: "El Gobierno tenía aprobada la Ley de Financiamiento de las universidades, dos veces por ambas cámaras y la incumple, ¿por qué nosotros vamos a cumplir una ley que es regresiva y que va en contra de los trabajadores?". La lógica es simple: si el Estado incumple las leyes que no le convienen, el movimiento obrero tiene igual derecho cuando las leyes van en su contra.

Esa postura encontró un respaldo inesperado en la semana previa, cuando la Corte Suprema avaló el reclamo del sector universitario sobre la Ley de Financiamiento. Jerónimo tomó el fallo como una buena noticia y como evidencia de que la resistencia institucional puede funcionar. No es un dato menor: la CGT viene articulando su estrategia con el movimiento universitario y con otros sectores sociales que comparten el diagnóstico de que el ajuste tiene víctimas concretas y que el sistema judicial puede ser un aliado, no solo un obstáculo.

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La combinación de la desobediencia a la Ley de Modernización Laboral con el fallo de la Corte configura un escenario en el que la CGT tiene más herramientas de las que reconoce públicamente. El sindicato puede operar en el plano legal, en el político y en el de la movilización sin necesitar recurrir al paro como único instrumento. Eso explica por qué Jerónimo insiste en que la medida de fuerza máxima debe reservarse para el momento en que el consenso esté genuinamente construido y no antes.

"Hay que tener claro que no hay que bajar los brazos. Esto es una pelea que va a ser larga, de resistencia, y por sobre todas las cosas, hay que construir el mayor grado de fortaleza con todos aquellos compañeros que entienden que hay que luchar", concluyó Jerónimo. La frase no es un cierre retórico: es la hoja de ruta que la CGT le propone al movimiento obrero para los próximos meses. La resistencia, en este esquema, no tiene fecha de vencimiento ni se agota en una sola medida de fuerza.

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La mirada puesta en las elecciones presidenciales del año próximo atraviesa toda la estrategia sindical. El trabajo informal, los derechos laborales y el financiamiento universitario son banderas que la CGT quiere que lleguen intactas y con vigor a esa disputa. La pelea es larga, el horizonte está definido, y el paro queda reservado para cuando el consenso ya no pueda postergarse más.