El encuentro de La Libertad Avanza en la Patagonia fue un "aguantadero", según el intendente de Río Gallegos
Política27/06/2026
REDACCIÓNLas declaraciones previas de varios funcionarios municipales de Río Gallegos terminaron por enturbiar la trastienda de una jornada que debió ser estrictamente partidaria.
La administración provincial salió a responsabilizar de forma directa al entorno del intendente Pablo Grasso por tildar el encuentro de La Libertad Avanza como un "aguantadero". Para el Ejecutivo santacruceño, el uso de estos calificativos por parte de autoridades institucionales funcionó como un detonante que rompió la convivencia democrática básica.
La gobernación consideró que este tipo de discursos públicos profundizan de manera innecesaria la confrontación entre los vecinos que piensan diferente en la capital provincial. El documento emitido por las segundas líneas de la gobernación remarcó la necesidad de exigirle paz social y madurez a quienes ocupan cargos de relevancia en los municipios. Los cruces discursivos se tradujeron rápidamente en agresiones físicas concretas cuando las columnas militantes ganaron las calles adyacentes al salón de exposiciones.
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Los destrozos materiales en los accesos del recinto se profundizaron drásticamente cuando la columna del Partido Obrero avanzó decidida a desbordar el perímetro. Los manifestantes arrojaron huevos, petardos y bolsas de residuos, logrando derribar una parte considerable de la estructura metálica dispuesta para el ordenamiento público. El ataque coordinado se sumó a las hostilidades previas que ya venían ejecutando militantes identificados de forma directa con sectores locales del kirchnerismo.
Las esquirlas del violento escrache afectaron de manera directa a ciudadanos comunes que se acercaron al Foro Austral de la Libertad sin intenciones de confrontar. Familias enteras junto a niños de corta edad debieron correr hacia el interior de los pasillos para resguardarse de la lluvia de proyectiles y los ráfagas de insultos. La gobernación expresó de inmediato su solidaridad con los organizadores y los legisladores nacionales, recordando que "la violencia nunca puede reemplazar al debate democrático" bajo ningún punto de vista.
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El esquema de prevención coordinado para la tarde del viernes mostró serias falencias debido a la falta de previsión sobre el volumen de la protesta externa. La organización del encuentro había solicitado la intervención especial de la Gendarmería Nacional al prever la llegada de senadores y diputados de la escena federal. Sin embargo, el despliegue efectivo en las vallas se redujo a unos diez agentes nacionales que se vieron totalmente desbordados al momento de contener a los militantes del PO y el MST.
Las autoridades ministeriales de la provincia aclararon que el uso de fuerzas federales respondió exclusivamente a los protocolos de resguardo para funcionarios del Congreso de la Nación. Las discusiones sobre el control de la calle abrieron un fuerte pase de facturas entre las áreas de seguridad provinciales y el despliegue interno que manejó Gendarmería. El Gobierno de Santa Cruz remarcó que las diferencias partidarias son lícitas dentro del sistema actual pero jamás justifican la intimidación física contra los concurrentes.
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Las consecuencias institucionales por los desmanes en Río Gallegos amenazan con paralizar la agenda de diálogo que intentaba tejer el gobernador con los jefes comunales de la oposición. Las agresiones sufridas por los invitados nacionales como Bertie Benegas Lynch y Lilia Lemoine dejaron expuesta la fragilidad de la seguridad urbana santacruceña ante el resto del país. Desde los despachos gubernamentales insistieron en que el derecho de reunión pacífica es innegociable frente a la intolerancia de los aparatos partidarios tradicionales.
Los fiscales en turno iniciaron las actuaciones de oficio correspondientes para identificar a los agresores mediante las filmaciones tomadas por los medios locales en la vía pública. El Partido Obrero y las agrupaciones de izquierda defendieron la protesta callejera argumentando que el evento de La Libertad Avanza constituía una provocación para los trabajadores en actividad. Las pericias en el frente del local comercial determinarán el valor de los daños materiales ocasionados a la propiedad privada durante el mediodía.
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El panorama político en la provincia queda sumido en una profunda incertidumbre respecto a cómo se garantizarán las próximas convocatorias multipartidarias en la región. La falta de un canal fluido de comunicación entre la intendencia de Grasso y la Casa de Gobierno santacruceña dificulta la coordinación de operativos de prevención conjuntos. Las próximas reuniones de gabinete serán determinantes para fijar una postura definitiva frente a lo que calificaron como un retroceso grave para la convivencia democrática.
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