Avanza la causa por la muerte de bebés prematuros en el Hospital de El Calafate
Policiales27/06/2026
REDACCIÓNLa conducción del Hospital SAMIC recibió un revés judicial determinante que limita su capacidad de intervención dentro del expediente penal que investiga el fallecimiento de dos recién nacidos.
El Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N°1 ratificó la exclusión del centro asistencial en el rol de querellante particular que pretendía ejercer desde el inicio de las denuncias. El magistrado consideró que permitir la participación activa del establecimiento de El Calafate atentaría contra la transparencia y el desarrollo independiente de las pruebas en curso.
La resolución firmada por el juez Carlos Albarracín ratificó que el establecimiento médico carece de las facultades legales para constituirse en el rol de acusador privado. El tribunal argumentó que resulta jurídicamente inviable que la propia institución donde ocurrieron los hechos intente guiar la imputación penal. La investigación busca determinar de forma taxativa si existieron deficiencias graves o fallas de funcionamiento administrativo dentro del área de Neonatología del propio edificio público.
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La exclusión formal responde de manera directa a un pedido de impugnación interpuesto semanas atrás por el abogado Ignacio Alcántara, representante legal de una de las familias afectadas por la tragedia. La querella familiar denunció oportunamente que la presencia del hospital en las mesas técnicas viciaba el proceso, debido a que los profesionales bajo sospecha laboral son empleados directos del nosocomio. El juzgado coincidió en que la legislación procesal exige la condición de víctima directa para asumir ese rol, estatus que el centro de salud no posee.
El proceso penal entra ahora en una etapa operativa de alta fricción interna con la citación masiva de los trabajadores de la salud a los despachos de los tribunales. La Justicia programó la recepción de declaraciones testimoniales que involucrarán a médicos neonatólogos, obstetras, pediatras, enfermeros y licenciados en enfermería de los turnos cuestionados. Las autoridades judiciales también citaron a declarar bajo juramento a los directivos y jefes de área del nosocomio para evaluar la asignación de insumos médicos.
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Los responsables de la gestión hospitalaria deberán responder interrogatorios específicos sobre la organización interna del Servicio de Neonatología y los protocolos de asistencia vigentes durante el período de internación. El juzgado busca determinar fehacientemente la disponibilidad real de recursos humanos y materiales que existía en los pabellones al momento de desencadenarse los fallecimientos prematuros. Las declaraciones testimoniales serán utilizadas por la fiscalía para confrontar las contradicciones que puedan surgir con los libros de guardia de la institución.
El secuestro de las historias clínicas de los recién nacidos y de sus respectivas madres constituye la base documental sobre la que trabaja el personal del juzgado. Las carpetas médicas permanecen bajo resguardo judicial junto a los registros diarios de enfermería, las imágenes diagnósticas, los estudios complementarios y los protocolos asistenciales retirados del edificio sanitario. Toda la documentación administrativa fue lacrada por los oficiales de justicia para evitar cualquier tipo de alteración en los asientos de los tratamientos brindados.
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Las pericias científicas definitivas quedaron bajo la órbita exclusiva del Cuerpo Médico Forense del Tribunal Superior de Justicia, cuyos especialistas analizan las muestras biológicas recolectadas. Los médicos legistas del máximo tribunal santacruceño deberán dictaminar si el desenlace fatal de los pacientes prematuros respondió a la evolución natural de sus cuadros clínicos. El informe técnico final determinará si existieron conductas constitutivas de mala praxis o desatención negligente por parte de los profesionales que estuvieron a cargo de las incubadoras.
La causa penal por el fallecimiento de los dos bebés prematuros se mantiene formalmente en una etapa preliminar de recolección de pruebas objetivas, por lo que no existen personas imputadas de manera formal. Las medidas ordenadas por el doctor Albarracín apuntan a consolidar el bloque probatorio antes de avanzar con los llamados a declaración indagatoria para los sospechosos. Los familiares de las víctimas directas mantienen un seguimiento diario del expediente en la sede tribunalicia de la localidad cordillerana.
Fuente: La Opinión Austral
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