Un rastreo internacional localizó a dos distribuidores de material de abuso infantil en la Patagonia
Policiales30/06/2026
REDACCIÓNEl Juzgado de Instrucción Número 2 ordenó allanamientos simultáneos y el secuestro de computadoras tras un reporte de Missing Children.
Un sistema de monitoreo digital coordinado por agencias globales de protección del menor derivó en la intervención directa de las fuerzas de seguridad provinciales sobre dos domicilios particulares de la capital santacruceña. Los servidores de la organización internacional Missing Children detectaron el almacenamiento constante de archivos prohibidos por parte de usuarios ubicados en la Patagonia. La transmisión de estas alertas informáticas activó un expediente penal que busca desarticular nodos locales de difusión de contenido explícito que involucra a víctimas menores de dieciocho años.
El despliegue operativo comenzó de manera simultánea a las 10 de la mañana del martes, bajo la supervisión directa de las autoridades del Juzgado de Instrucción Número 2 de Río Gallegos. Las brigadas operativas de la División Cibercrimen irrumpieron de forma sorpresiva en una propiedad familiar emplazada sobre la calle 18 del barrio San Benito. De manera paralela, un segundo contingente policial cercó el perímetro de una vivienda ubicada en la calle Batalla Puerto Argentino al 700 para concretar el registro de las instalaciones.
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Los investigadores policiales mantuvieron retenidos a los moradores de ambos inmuebles mientras se realizaba una requisa exhaustiva en cada una de las habitaciones de las dos viviendas. Las personas investigadas fueron formalmente aprehendidas al concluir los procedimientos y permanecen alojadas de forma preventiva en dependencias policiales a disposición de las autoridades judiciales de turno. El juzgado busca determinar el grado de participación de cada sospechoso en la cadena de transmisión de datos virtuales.
La causa judicial quedó encuadrada bajo las previsiones rigurosas que establece el artículo 128 del Código Penal Argentino. La normativa penal vigente reprime con severidad la tenencia, comercialización, facilitación y distribución pública de representaciones que involucren a menores de edad en actividades sexuales explícitas. El tribunal apunta a verificar si las conexiones domiciliarias de internet se utilizaban de manera regular para alimentar plataformas virtuales clandestinas de intercambio de archivos multimedia.
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El secuestro de material tecnológico abarcó computadoras de escritorio, teléfonos celulares de última generación, unidades de almacenamiento externo y discos rígidos portátiles de gran capacidad. Los especialistas en informática forense recibieron la custodia de todos los dispositivos electrónicos retirados de los dos domicilios allanados. Las tareas periciales científicas se enfocarán en recuperar el historial de navegación, los registros de descargas y las cuentas asociadas a plataformas de mensajería instantánea.
La cooperación internacional entre la ONG y los juzgados locales resulta indispensable para identificar las direcciones de protocolo de internet que utilizan los delincuentes en zonas alejadas de los centros urbanos mayoritarios. Los algoritmos forenses detectan los códigos digitales únicos de las imágenes prohibidas cuando los usuarios intentan subirlas o descargarlas desde servidores virtuales en la nube. Esta trazabilidad técnica permite que la justicia federal y provincial reciba informes detallados con las coordenadas geográficas exactas de las conexiones domiciliarias.
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Los agentes pertenecientes a la División Cibercrimen levantaron actas específicas sobre las características operativas de los enrutadores de internet encontrados en los inmuebles particulares de los acusados. La recolección de indicios digitales incluye la búsqueda de claves de acceso encriptadas y soportes físicos que sirvieran para resguardar copias de seguridad de los archivos eliminados del sistema operativo. El cruce de información entre los dos puntos intervenidos aportará datos clave sobre una posible conexión logística interna.
El procesamiento técnico de las evidencias acumuladas requerirá un período prolongado que se extenderá durante varias semanas debido al volumen masivo de gigabytes bajo análisis. Las herramientas forenses especializadas deben examinar cada archivo de manera individual para certificar la presencia del material tipificado como delito en el código penal. Las fuentes vinculadas a la investigación judicial indicaron que no se descartan nuevas intervenciones en la región según los datos que arrojen las pericias telefónicas iniciales.
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La resolución de la situación procesal de los dos hombres capturados se encuentra supeditada a los reportes técnicos preliminares que emita el cuerpo de peritos informáticos de la provincia. Las autoridades ministeriales evalúan la posibilidad de extender los requerimientos hacia las empresas proveedoras del servicio de internet para certificar la titularidad de los abonos residenciales utilizados. El expediente penal continuará bajo secreto de sumario preventivo mientras dure la extracción de la información oculta en los teléfonos incautados.
Fuente: La Opinión Austral
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