La fiscalía solicitó diez años de cárcel para los imputados que eran mayores al momento del hecho, mientras que la querella elevó el pedido a doce años.
El Tribunal Oral en lo Criminal Número 1 de Bahía Blanca notificará este martes su veredicto definitivo en la causa por el abuso sexual agravado cometido contra una adolescente en el partido de Villarino. Los magistrados evaluaron las pruebas recolectadas a lo largo de un debate oral que se extendió durante seis jornadas intensas de declaraciones cruzadas y peritajes médicos forenses. El pronunciamiento judicial fijará la responsabilidad de los siete imputados que contaban con la mayoría de edad al momento de ejecutarse el ataque colectivo dentro de una propiedad de descanso.
Los alegatos de clausura expusieron una marcada distancia entre las pretensiones punitivas del Ministerio Público Fiscal y los planteos de absolución absoluta introducidos por los defensores particulares. El fiscal Marcelo Romero Jardín solicitó una pena de 10 años de prisión efectiva bajo la figura subsidiaria de coautoría funcional en el delito de abuso sexual gravemente ultrajante. Por su parte, el abogado de la querella, Mauro De Mira, reclamó una condena de 12 años de cárcel, argumentando la existencia de un plan coordinado para avasallar la voluntad de la víctima.
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El expediente penal incorporó certificaciones médicas que acreditan el severo impacto psicofísico crónico derivado del episodio y del posterior proceso de judicialización de la denuncia formal. La víctima, identificada como Enerina, enfrenta actualmente diagnósticos clínicos de estrés postraumático, fibromialgia y ataques de pánico que requirieron internaciones sucesivas por dolores físicos intensos. La joven debió abandonar su localidad de origen y radicarse en la provincia de Córdoba para continuar sus estudios de Derecho, afectada por el hostigamiento vecinal y las presiones directas de los familiares de los acusados.
La estrategia corporativa desplegada por los defensores Álvaro Coleffi y Marcelo Ciccola se concentró en desestimar el carácter forzoso del encuentro sin desacreditar la presencia de sus representados en el lugar. Durante las audiencias presenciales, los defensores técnicos alegaron la existencia de un supuesto consentimiento por parte de la adolescente de entonces 17 años. La parte acusadora remarcó de manera unánime que los argumentos de la defensa evitaron proclamar la inocencia material de los involucrados, limitándose a cuestionar el encuadre legal de los hechos denunciados.
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La nómina de imputados que recibirán la sentencia oficial del tribunal bahiense está conformada por Alan Kevin Ábalos, Franco Fabián Apis, Erik Dalla Riva, Kevin Dalla Riva, Fernando Herrera, Alexis Gaspar Roa y Enzo Gustavo Torres. Ninguno de los sospechosos cumplió medidas de prisión preventiva ni restricciones efectivas de circulación durante los cinco años que demandó la instrucción penal de la causa. El prolongado proceso sufrió postergaciones de último momento debido a pedidos de licencias por vacaciones introducidos por las defensas particulares.
La resolución de este primer debate oral no clausurará el recorrido judicial para la víctima ni para su núcleo familiar debido a una fragmentación procesal obligatoria. Un segundo juicio deberá sustanciarse ante el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil contra otros tres integrantes del grupo que eran menores de edad en noviembre de 2017. Esta división técnica obligará a repetir la totalidad de las declaraciones de los testigos, las pericias forenses y las evidencias recolectadas en el terreno, forzando una doble instancia de exposición ante los estrados.
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Las pruebas de cargo más contundentes del expediente incluyen comunicaciones digitales recuperadas de las aplicaciones WhatsApp e Instagram en los meses previos a la judicialización del caso. En dichos registros, dos de los acusados enviaron mensajes donde reconocían explícitamente su inacción frente al ultraje colectivo perpetrado dentro de la habitación a oscuras. “Estuve mal en no ayudarte, seré cómplice pero no violador”, detallaba uno de los textos que los peritos informáticos adosaron a las actas principales de la fiscalía de instrucción.
La reconstrucción del ataque sumó el testimonio clave de una amiga de la denunciante que presenció las fases previas y posteriores de la agresión dentro de la casaquinta. La testigo ratificó ante los jueces del tribunal que intentó ingresar desesperadamente a la habitación golpeando la puerta externa, la cual permanecía bloqueada desde el interior por los acusados. La declaración describió que escuchó los gritos de auxilio de la víctima y que el encierro forzado concluyó únicamente cuando amenazó a viva voz con convocar a las patrullas de la policía local.
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La sentencia final determinará si el Poder Judicial valida el concepto de coautoría funcional para la totalidad de los varones que participaron en el confinamiento de la adolescente. Las autoridades judiciales evaluaron el comportamiento posterior de los involucrados, incluyendo episodios de burla y persecución en la vía pública denunciados tras la formalización de la causa en el año 2021. La lectura del fallo establecerá las bases legales para la detención inmediata de los acusados en caso de confirmarse las penas de cumplimiento efectivo solicitadas por la fiscalía.
Fuente: Clarín
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