Investigan si los policías usaron amenazas de muertes en las comisarías para presionar por salarios

La Justicia de Santa Cruz analiza mensajes internos de los huelguistas que aluden a provocar situaciones críticas con los presos.

Los tribunales provinciales iniciaron una investigación penal de extrema gravedad institucional orientada a verificar la planificación de acciones criminales ocultas detrás de las protestas de las fuerzas de seguridad. La fiscalía de instrucción acopia registros informáticos que revelan directivas cruzadas entre los efectivos en actividad y retirados que sostienen el reclamo salarial. El contenido de los textos bajo análisis encendió las alarmas de las autoridades debido a que los huelguistas sugieren la ejecución de atentados contra la integridad física de las personas alojadas en los calabozos.

Las directivas de la fiscalía buscan determinar la autoría material y la veracidad técnica de los archivos de comunicación que circulaban en los teléfonos celulares de los uniformados y del Servicio Penitenciario. Los peritos tecnológicos rastrean los códigos de origen para definir si se trató de expresiones individuales aisladas o si existió una coordinación deliberada para desestabilizar la seguridad pública. Los escritos judiciales advierten que los manifestantes plantearon de forma explícita la posibilidad de provocar un fallecimiento dentro de las alcaidías locales como un mecanismo de coacción extrema.

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La situación procesal de los huelguistas se complejiza debido a las restricciones legales severas que regulan la actividad de cualquier organización armada por ley en el territorio nacional. Los especialistas en seguridad pública aportaron informes técnicos al expediente donde recuerdan que el estado policial prohíbe la adopción de medidas de fuerza que desamparen a la comunidad. Los investigadores judiciales pusieron el foco en un factor de riesgo directo: los policías involucrados en las manifestaciones sostienen la huelga manteniendo el armamento reglamentario en su poder.

El nuevo frente judicial se acopló a las actuaciones que la fiscal de Estado, Natalia Linardi, formalizó la semana pasada ante los tribunales de Río Gallegos tras los incidentes en la sede del Ejecutivo. Aquella primera denuncia detalla que un grupo de manifestantes vulneró los portones exteriores de la calle Alcorta 231 para ocupar de forma violenta los jardines internos de la Casa de Gobierno. La intrusión edilicia impidió la salida de los vehículos oficiales y afectó de manera directa el funcionamiento operativo de las oficinas de la administración pública.

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La irrupción en los accesos gubernamentales se consolidó a las 11 de la mañana del pasado martes 23 de junio, marcando el inicio de la judicialización del conflicto laboral. La Fiscalía de Estado fundamentó en su presentación que los métodos empleados por los policías autoconvocados excedieron los límites del derecho constitucional a peticionar ante las autoridades. Las autoridades judiciales mantienen bajo reserva la transcripción de las comunicaciones internas para evitar la destrucción de soportes digitales y asegurar el avance de los peritajes de las líneas telefónicas.

La escalada judicial se produce en medio de un estancamiento prolongado de las negociaciones económicas que el Poder Ejecutivo santacruceño mantiene activas desde hace varias semanas. Los representantes de la Mesa del Salario formularon propuestas de incremento específicas que fueron rechazadas sistemáticamente por los delegados de los agentes autoconvocados. Los funcionarios del área económica del gobierno provincial siguen con atención los informes que emiten las comisarías, evaluando el impacto del conflicto sobre los esquemas de patrullaje urbano.

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Los juzgados intervinientes aclararon que la causa penal se encuentra en una etapa de recolección de pruebas técnicas y que todavía no se emitieron órdenes de detención ni imputaciones públicas formales. El trabajo pericial se concentra en cruzar los listados de personal activo con los números telefónicos identificados en los grupos de mensajería virtual que daban soporte a la huelga. Los investigadores penales intentan certificar si los mensajes se utilizaron como un método de extorsión directa para forzar modificaciones presupuestarias por fuera de las paritarias oficiales.

El Ministerio de Seguridad evalúa la aplicación de sanciones administrativas complementarias para aquellos efectivos que sean identificados como administradores de las redes de comunicación intervenidas. El resguardo de la seguridad ciudadana y el desarme preventivo de los sectores radicalizados surgen como las prioridades operativas que condicionan las próximas resoluciones del juez de la causa.

Fuente: La Opinión Austral