
Usuarios con tarifa social SUBE ya no tendrán cobertura plena ante subas locales
Actualidad01/07/2026
REDACCIÓNEl descuento del 55% seguirá vigente, pero Nación lo calculará sobre tarifas de referencia. Las subas superiores deberán cubrirse por cada jurisdicción.

Los beneficiarios de la tarifa social SUBE conservarán el descuento del 55%, pero el financiamiento nacional ya no acompañará de manera automática cada aumento local del boleto. Desde este 1° de julio, el Gobierno aplicará un esquema de tarifas de referencia como base máxima para reconocer el beneficio. El cambio puede trasladar a provincias y municipios el costo adicional cuando decidan subas por encima de ese parámetro.
La Resolución 40/2026 de la Secretaría de Transporte estableció que, para las jurisdicciones provinciales y municipales, la referencia será el cuadro tarifario vigente al 30 de junio de 2026. En los servicios automotores y ferroviarios de jurisdicción nacional, la base será la aprobada por la Resolución 27 del 15 de mayo de 2026. Esos valores regirán hasta que Transporte disponga una nueva actualización.


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La medida no modifica el universo de beneficiarios ni el porcentaje formal de la tarifa social. El sitio oficial de SUBE mantiene que el beneficio alcanza a jubilados, pensionados, estudiantes Progresar, personal de casas particulares, veteranos de Malvinas, titulares de AUH, AUE, programas sociales, pensiones no contributivas y monotributistas sociales, entre otros grupos. Para acceder, la tarjeta debe estar registrada y asociada al atributo correspondiente.
La diferencia estará en la parte del boleto sobre la que se calcula el aporte del Tesoro. La resolución indica que los usuarios con tarjeta SUBE y atributo social pagarán con 55% de descuento, pero aclara que ese reconocimiento llegará “hasta el monto que resulte de aplicar dicho porcentaje sobre la tarifa de referencia”. Si una jurisdicción aumenta por encima de esa base, deberá definir cómo financia la diferencia.
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El Gobierno justificó el cambio por la dispersión tarifaria y la frecuencia de aumentos en provincias y municipios. En los fundamentos, Transporte sostuvo que esas actualizaciones impactaban de forma automática e imprevisible sobre las erogaciones nacionales destinadas al beneficio. El nuevo mecanismo busca separar las decisiones tarifarias locales del gasto que cubre el Estado nacional.
El Ejecutivo también defendió la creación de un parámetro común. “La incorporación de tarifas de referencia para la determinación del reconocimiento del atributo social permite establecer un parámetro objetivo, uniforme y verificable para el cálculo del beneficio, compatible con la finalidad social del régimen y con una adecuada administración de los recursos públicos comprometidos para su financiamiento”, señala la resolución. La cita resume el argumento fiscal que sostiene el cambio.
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Las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios conservarán la facultad de fijar sus propios cuadros tarifarios. También podrán mantener gratuidades o franquicias superiores a las previstas por el régimen nacional, incluso mediante SUBE, pero deberán regular su implementación y establecer el esquema de financiamiento. La norma no impide aumentos locales, aunque limita cuánto reconocerá Nación sobre la tarifa social.
La implementación técnica quedará en manos de Nación Servicios S.A., que deberá adecuar los sistemas centrales de SUBE. La resolución reconoce que esas adaptaciones no pueden aplicarse de manera inmediata en su formato definitivo, por lo que prevé reglas transitorias de parametrización compatibles con la infraestructura disponible. La instancia abierta será la próxima actualización que decida la Secretaría de Transporte sobre las tarifas de referencia.















