Las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias advirtieron que buscan instalar dudas sobre el hundimiento para evitar condenas a exjefes navales.
La recta final del juicio por el hundimiento del ARA San Juan volvió a quedar atravesada por una fuerte disputa pública. Las abogadas querellantes Valeria Carreras y Lorena Arias advirtieron que existe “presión mediática y política” sobre el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, que debe dictar veredicto por la muerte de los 44 tripulantes. La acusación apunta a una presunta maniobra para sembrar dudas sobre lo ocurrido y debilitar el pedido de condena.
El planteo fue realizado en declaraciones a Agencia Noticias Argentinas, en un momento decisivo del proceso oral que comenzó el 3 de marzo de 2026 en Río Gallegos. El debate busca determinar la responsabilidad penal de cuatro ex altos mandos de la Armada Argentina por el naufragio ocurrido el 15 de noviembre de 2017. La Justicia prevé resolver si hubo incumplimientos, omisiones y decisiones operativas que permitieron la salida del submarino pese a sus deficiencias técnicas.
Carreras sostuvo que la discusión pública de los últimos días no es inocente. “No es casualidad. Es presión y la denunciamos”, afirmó al cuestionar la repetición de argumentos de las defensas en medios nacionales. Según la querella, el objetivo sería instalar la idea de que “no se sabe qué pasó” para impedir que haya condenas.
Las abogadas remarcaron que la causa no depende de una prueba nueva ni de una revelación de último momento. Aseguraron que el material producido ya fue evaluado durante la instrucción, por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y por el Consejo de Guerra de la propia Armada. En ese marco, plantearon: “No hace falta una prueba nueva, hace falta que el Tribunal no ceda ante la presión”.
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El juicio tiene como imputados a Luis López Mazzeo, ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento Naval; Claudio Villamide, ex comandante de la Fuerza de Submarinos; Héctor Alonso, ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; y Hugo Correa, ex jefe del Departamento de Operaciones. Están acusados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes de oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. La querella pidió para los cuatro la pena máxima prevista para el delito más grave atribuido en el debate.
La hipótesis de las querellas es que el submarino operaba con problemas conocidos y que la cadena de mando no evitó el riesgo. En sus alegatos, Arias y Carreras sostuvieron que existía una estructura superior que permitió continuar con una unidad degradada. También cuestionaron las explicaciones defensivas que intentaron trasladar responsabilidades hacia la tripulación o hacia el comandante fallecido.
Uno de los ejes del debate fue el estado técnico del ARA San Juan antes de su última navegación. La acusación llegó al juicio con informes sobre mantenimiento pendiente, alertas internas y ensayos críticos que no se realizaron luego de la reparación de media vida. Entre los puntos mencionados aparecen pruebas de máxima velocidad, máxima profundidad y revisiones vinculadas a sistemas sensibles de seguridad.
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Para Carreras y Arias, la causa no puede ser leída como un proceso contra la Armada en su conjunto. Sostienen que el juicio busca establecer responsabilidades de mandos superiores por decisiones y omisiones concretas. “Este juicio no es contra la Armada. Es por 44 hombres que la integraban y que perdieron la vida por decisiones y omisiones de sus superiores”, señalaron.
La frase final de las querellantes sintetizó la posición que sostienen desde el inicio del debate oral. “El mar no los hundió. Fueron los hombres. Y deben ser condenados”, afirmaron al reclamar una sentencia contra los acusados. Ahora, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz deberá resolver si la prueba debatida alcanza para condenar a los cuatro exjefes navales o si acepta los argumentos defensivos en un caso que lleva casi nueve años de reclamos de justicia.
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