Condenaron a un preceptor de Salta a diez años de prisión por abuso sexual

El docente de 52 años admitió haber filmado y tomado fotografías de índole sexual a una menor de 16 años a quien contactaba por WhatsApp.

La Justicia de Salta dictó una sentencia de diez años de prisión efectiva contra un preceptor de 52 años por delitos graves contra la integridad de una adolescente. El docente fue hallado culpable de corrupción de menores agravada, producción de material de abuso sexual infantil y grooming agravado, tras un proceso judicial que confirmó su responsabilidad en el trato con la joven.

El vínculo entre el educador y la menor se inició a través de la aplicación WhatsApp, herramienta que la madre de la víctima identificó como el canal de contacto inicial. Según las investigaciones judiciales, el implicado aprovechó su rol en la institución educativa para establecer una relación con la adolescente de 16 años, a quien frecuentaba en el colegio donde trabajaba.

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Las pruebas recabadas por el Ministerio Público Fiscal permitieron determinar que el preceptor invitaba a la menor a su vivienda particular. En ese domicilio, el hombre le tomó fotografías de índole sexual y le filmó videos de contenido sexual, acciones que la justicia calificó como un intento de vulnerar su integridad y contribuir a su corrupción.

El proceso judicial se resolvió mediante un juicio abreviado, mecanismo en el cual el señalado reconoció su responsabilidad en los hechos. Debido a esta admisión, las partes involucradas acordaron la pena de diez años de cárcel, la cual fue ratificada por la jueza del distrito Centro, Gabriela González.

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La magistrada fundamentó el veredicto en el concurso real de delitos, destacando la gravedad de la situación por la posición de poder del agresor. La sentencia contempla la corrupción de menores agravada por ser encargado de la educación, además de la tenencia de material de abuso sexual y/o explotación infantil.

El marco legal aplicado en este caso se basa en el artículo 128 del Código Penal, que establece penas de entre tres y seis años de prisión por la producción de material de abuso sexual infantil. La normativa vigente establece que la situación se agrava significativamente si la víctima es menor de 13 años de edad.

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La justicia argentina reafirma que la protección de los niños y adolescentes es una prioridad absoluta sobre cualquier otra consideración. El marco jurídico actual es claro al no hacer distinciones respecto de si los videos son reales o han sido creados mediante el uso de inteligencia artificial (IA).

La condena de diez años de prisión efectiva marca el cierre de una causa que expuso la vulnerabilidad de las menores en el ámbito escolar. El Ministerio Público Fiscal de ese distrito fue el organismo encargado de informar los detalles del acuerdo y la sentencia final.