El Parlamento del Norte Grande apoyó el reclamo del sindicato vial por el financiamiento de la DNV y el destino del impuesto al combustible.
El deterioro de las rutas nacionales llegó al Parlamento del Norte Grande con un reclamo directo por fondos, mantenimiento y seguridad vial. Legisladores de las diez provincias del NOA y el NEA respaldaron el planteo del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA). La resolución exige que los recursos destinados a la Dirección Nacional de Vialidad ingresen de manera directa al organismo.
La decisión se tomó durante la 58° Sesión Plenaria del Parlamento regional, donde se trató la presentación del gremio vial. El sindicato denunció el desfinanciamiento de las rutas nacionales y la retención de fondos provenientes del impuesto al combustible, identificado como SISVIAL. Para los representantes sindicales, esa situación compromete el estado de la red vial y la continuidad de las tareas de conservación.
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El documento aprobado por legisladores del Norte Grande plantea dos puntos centrales. Por un lado, reclama “el cese del ahogo financiero” sobre Vialidad Nacional. Por otro, exige “el ingreso directo de los recursos a la Dirección Nacional de Vialidad”, para garantizar planificación, mantenimiento y obras sobre rutas nacionales.
La presentación sindical advirtió que el deterioro vial ya impacta sobre la conectividad productiva y la seguridad en los caminos. El planteo no se limita al estado de las calzadas, sino que vincula la falta de mantenimiento con riesgos concretos para trabajadores, transportistas, viajeros y comunidades. La red nacional aparece, en ese diagnóstico, como una infraestructura básica para economías regionales que dependen del traslado de mercaderías y personas.
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El STVyARA celebró el acompañamiento político de las provincias del Norte Grande, que emitieron un documento de apoyo al reclamo. La secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, destacó la intervención de los legisladores y sostuvo que el respaldo permitió fortalecer la pelea sindical. “Nos devolvieron la esperanza de que luchando y trabajando con la política en forma conjunta, y siempre de cara a nuestros trabajadores, podemos ganar esta batalla”, afirmó.
Aleñá también remarcó que el reclamo logró instalarse en el ámbito donde buscaban ser escuchados. “Volvimos a demostrar que nuestra voz retumba donde tenía que escucharse”, señaló la dirigente. La frase sintetizó la lectura gremial sobre la sesión, que trasladó la discusión vial desde el sindicato hacia una estructura política regional.
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El reclamo viene de semanas anteriores, cuando la conducción sindical ya había cuestionado con dureza la falta de recursos para Vialidad Nacional. Aleñá había sostenido que “desfinanciar Vialidad Nacional no es ahorrar” y vinculó esa decisión con consecuencias humanas y sociales. En esa misma línea, afirmó que el costo se paga con “la sangre de los muertos y la pobreza de los pueblos y comunidades de todo el país”.
El documento presentado por el gremio sostiene que, luego de 30 meses de la gestión nacional, las rutas se encuentran sin mantenimiento, deterioradas y cerca de quedar intransitables. También acusa al Ministerio de Economía de retener fondos recaudados por el impuesto al combustible que deberían destinarse al mantenimiento, planificación y construcción de rutas. El monto señalado supera los recursos recaudados durante 2024 y 2025, además de remanentes de años anteriores.
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La denuncia sindical afirma que esa retención supera los mil millones correspondientes al período 2024/2025 y otros 0,6 billones remanentes de ejercicios previos. El gremio sostiene que esos fondos deben volver al circuito operativo de Vialidad Nacional. En su planteo, la falta de ingreso directo al organismo impide sostener obras y tareas básicas sobre la red vial.
El STVyARA también cuestionó una posible estrategia oficial sobre las rutas nacionales. El sindicato afirmó que el Gobierno “promociona y convalida el deterioro de la red vial nacional” para instalar la idea de que los trabajadores no mantienen los caminos. Según esa lectura, el resultado buscado sería ceder o concesionar rutas a las provincias.
El respaldo del Parlamento del Norte Grande no resuelve por sí solo la situación financiera de Vialidad Nacional, pero agrega presión política al reclamo sindical. La discusión ahora queda centrada en el destino real de los fondos del impuesto al combustible y en la capacidad del organismo para recuperar tareas de mantenimiento. El riesgo abierto sigue en las rutas, donde el deterioro denunciado continúa afectando conectividad, producción y seguridad vial.
Fuente: N A
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