
Cristina Kirchner deberá responder por un decomiso de $685.000 millones
Policiales02/07/2026
REDACCIÓNLa Corte Suprema rechazó los últimos planteos contra la ejecución patrimonial en la causa Vialidad. La medida alcanza 111 bienes.

La ejecución patrimonial contra Cristina Fernández de Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad quedó firme por decisión de la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal desestimó los pedidos de nulidad y los intentos de suspender las medidas sobre bienes vinculados al decomiso. El monto actualizado asciende a 685.000 millones de pesos, una cifra muy superior a los 85.000 millones fijados originalmente.
La resolución impacta directamente sobre la etapa económica de la condena, más allá de la pena de prisión que ya se encuentra firme. El Tribunal Oral Federal N° 2 había iniciado el proceso de ejecución patrimonial y ahora conserva el camino abierto para avanzar sobre los bienes alcanzados. Entre las medidas previstas figura la tasación de propiedades ubicadas en el sur del país.


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El decomiso comprende 111 bienes y obliga a responder de manera solidaria a todos los condenados. Esa responsabilidad compartida implica que la ejecución no se limita a una sola persona, sino al conjunto de quienes fueron hallados culpables por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. En los hechos, el expediente pone bajo análisis los activos disponibles para cubrir el monto actualizado.
La Corte también rechazó el recurso presentado por Lázaro Báez, condenado a seis años de prisión en la misma causa. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti firmaron la decisión que cerró esta discusión en el máximo tribunal. Con ese pronunciamiento, quedó desestimado el último intento de la ex presidenta por frenar este tramo de la ejecución.
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La actualización del monto se realizó sobre la base de un informe del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte. Ese cálculo llevó el decomiso desde los 85.000 millones iniciales hasta los 685.000 millones de pesos que ahora quedaron firmes. La cifra se convirtió en el eje central de la etapa patrimonial, porque determina la magnitud de los bienes que pueden ser alcanzados.
La causa investigó una maniobra defraudatoria desarrollada entre 2003 y 2015 en Santa Cruz, vinculada con 51 procesos licitatorios de obra pública vial. Según el expediente, esas obras fueron adjudicadas de manera sistemática al Grupo Austral, perteneciente a Báez, por miles de millones de pesos. La condena consideró probado el perjuicio contra la administración pública mediante esos contratos.
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El año pasado, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el fallo del Tribunal Oral Federal N° 2. En esa sentencia recibieron seis años de prisión Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Nelson Guillermo Periotti y Francisco José López. También quedaron condenados Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, Mauricio Collareda, José Raúl Santibáñez y Raúl Osvaldo Daruich, con penas menores.
La discusión que llegó a la Corte no revisaba la responsabilidad penal, sino la validez de las medidas patrimoniales. Las defensas cuestionaban la competencia del TOF 2 para ejecutar el decomiso y sostenían que el reclamo debía tramitarse en el fuero civil. También planteaban que la medida podía superponerse con otros procesos vinculados a bienes y condenas.
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La defensa de Cristina Kirchner, representada por Carlos Beraldi y Ariel Llernovoy, sostuvo que la acusación fiscal buscaba “sustituir el decomiso legal por un mecanismo resarcitorio ajeno al proceso penal, que afecta de modo directo las garantías constitucionales y convencionales de legalidad, culpabilidad, trascendencia de la pena y derecho de propiedad”. Además, denunció la existencia de “litispendencia” por la tramitación paralela de causas con pretensiones patrimoniales. Esos argumentos ya habían sido rechazados por Casación y ahora tampoco prosperaron ante la Corte.
Casación había reafirmado la naturaleza penal del decomiso y la competencia del tribunal de ejecución para llevar adelante las medidas. Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña descartaron que la discusión debiera trasladarse al fuero civil. La Corte, al dejar firme esa línea, consolidó la posibilidad de avanzar con la ejecución sobre bienes concretos.
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El expediente entra ahora en una etapa donde la discusión central pasa por la identificación, tasación y eventual realización de activos. En el caso de Báez, parte de sus bienes ya fueron rematados en la quiebra de Austral Construcciones y en otra condena por lavado de dinero en la causa conocida como Ruta del Dinero K. Por eso, el alcance efectivo de la ejecución dependerá de los bienes disponibles entre los condenados.
Cristina Kirchner cumple la condena bajo el régimen de arresto domiciliario desde hace un año, según el expediente citado. La decisión de la Corte no modifica ese régimen, pero sí deja firme el capítulo patrimonial derivado de la sentencia por Vialidad. El límite pendiente ya no está en la validez del decomiso, sino en la ejecución concreta de bienes por el monto actualizado.
Fuente: Infobae
















