El reclamo quedó atado al contrato con el canal de streaming y al impacto de la fake news sobre Jorge Messi que terminó con su desvinculación.
El conflicto entre Florencia Peña y Luzu TV pasó del escándalo mediático a un terreno judicial y económico. Tras su salida del canal de streaming de Nicolás Occhiato, la actriz y conductora reclamaría una suma de $750 millones. El monto surge después de que fracasaran las conversaciones previas para resolver la situación por fuera de los tribunales.
La cifra supera ampliamente los primeros números que habían circulado alrededor del caso. En un comienzo se hablaba de un reclamo cercano a los $200 millones, vinculado al cumplimiento del contrato vigente hasta diciembre de 2026. Sin embargo, la nueva estimación incorpora daños y perjuicios derivados de la forma en que terminó el vínculo laboral.
El origen del conflicto fue la difusión al aire de una información falsa sobre Jorge Messi, padre de Lionel Messi. Durante una emisión de El Show del Verano, Peña comunicó erróneamente que había fallecido. La versión fue desmentida poco después por la familia Messi y generó una fuerte reacción pública.
Tras el episodio, Luzu TV difundió un comunicado en el que calificó como “inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa”. La señal informó además la desvinculación de los responsables involucrados y señaló que Florencia Peña daría un paso al costado. Ese mensaje marcó el cierre abrupto de su ciclo dentro de la plataforma.
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La conductora también publicó un descargo en sus redes sociales. Allí pidió disculpas a la familia Messi y explicó que la información le llegó durante el vivo a través de la producción del programa. Aun así, asumió su parte en el error y expresó: “me equivoqué”.
El abogado Fernando Burlando intervino luego en representación de Peña y planteó que la salida no podía analizarse solo desde el impacto mediático. En una entrevista televisiva, afirmó: “Florencia Peña está en condiciones de hacerle juicio a Luzu”. También sostuvo que existía un contrato firmado y que debían revisarse las condiciones de rescisión.
La discusión central pasa ahora por el alcance de ese acuerdo. Según la postura del entorno de la actriz, la desvinculación habría interrumpido compromisos laborales, comerciales y publicitarios que estaban pactados. En ese marco, el reclamo económico no solo contemplaría lo que restaba del contrato, sino también el perjuicio provocado por la exposición posterior.
Burlando ya había advertido que el pedido no se agotaba en una compensación simbólica. “No se pide resarcimiento, sino el cumplimiento del contrato”, señaló al explicar la base inicial de la discusión. Esa definición dejó abierta la puerta a una demanda mayor si no se alcanzaba un acuerdo entre las partes.
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El caso también puso bajo discusión el funcionamiento de los canales de streaming en situaciones de información sensible. La velocidad del vivo, la circulación de rumores y la falta de verificación previa quedaron en el centro del debate. La salida de Peña expuso además las tensiones entre responsabilidad individual, rol de la producción y decisiones empresarias.
Para Luzu TV, el episodio derivó en una respuesta inmediata para proteger la identidad pública del canal. Para Florencia Peña, en cambio, la medida habría tenido consecuencias laborales y personales que ahora podrían ser reclamadas ante la Justicia. Esa diferencia de lectura explica por qué el conflicto escaló de una disculpa pública a un reclamo millonario.
La disputa todavía puede tener nuevos capítulos si las partes retoman una instancia de negociación. Pero, con una cifra de $750 millones sobre la mesa, el conflicto ya dejó de ser únicamente una polémica de streaming. Ahora se encamina a una discusión contractual de alto impacto dentro del mundo del espectáculo argentino.
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