La cautelar sigue vigente hasta que la Justicia resuelva si el cierre de la planta de San Fernando resultó legal, eficaz o inexistente.
Fate deberá continuar pagando los salarios de los trabajadores despedidos mientras la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo analiza el fondo del conflicto por el cierre de la planta de San Fernando. La medida sostiene un alivio económico para los empleados alcanzados por la cautelar. La empresa, en paralelo, mantiene su planteo judicial para revertir las resoluciones que la obligan a abonar haberes.
El Juzgado Nacional del Trabajo N° 17 elevó la apelación a la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Ese tribunal deberá definir si el cierre de la fábrica y los 920 despidos pueden considerarse ilegales, ineficaces e inexistentes, como reclama el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino. Hasta que llegue esa resolución, la obligación salarial continúa vigente.
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La novedad fue comunicada por el secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, después de un abrazo simbólico realizado en la fábrica. El dirigente sostuvo que la empresa deberá seguir pagando los haberes mientras se define la cuestión de fondo. También anticipó que el gremio pedirá ampliar el alcance de la protección a trabajadores que todavía no ingresaron en ese beneficio.
“El juzgado 17 acaba de elevar la apelación a la Cámara 2 para que decida si los despidos quedan definitivamente como ilegales, como ineficaces e inexistentes”, afirmó Crespo. Luego explicó que la apelación llega con la cautelar salarial en suspenso, lo que mantiene el pago durante el trámite. “Mientras resuelva la Cámara de Apelaciones continuará pagando el salario a todos los compañeros de FATE que vienen cobrando”, agregó.
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El conflicto comenzó el 18 de febrero, cuando Fate anunció el cierre definitivo de su histórica planta industrial de San Fernando. La firma, controlada por el empresario Javier Madanes Quintanilla, argumentó que la actividad perdió viabilidad por la caída de competitividad, el aumento de importaciones, los menores precios internacionales y los altos costos de producción. El sindicato rechaza esa explicación y sostiene que la decisión incumplió compromisos previos.
La disputa judicial tiene como antecedente un acuerdo firmado entre la empresa y el gremio en mayo de 2025. Según el SUTNA, ese entendimiento obligaba a no despedir personal hasta mediados de 2026. Sobre esa base, la Sala II ya ordenó a la compañía abonar salarios adeudados y continuar con los pagos mientras se resolvía el litigio principal.
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La Cámara también debe revisar el planteo central del gremio sobre la naturaleza del cierre. Para el sindicato, la paralización de la planta no responde solo a una crisis económica, sino a un lockout patronal. Crespo lo expresó al señalar que la continuidad de los salarios representa “un alivio económico justo para los trabajadores en lucha” y “una muestra clara del lockout patronal”.
El expediente laboral no es el único frente abierto. La empresa también impulsó una causa penal para obtener el desalojo de la planta ocupada por los trabajadores. En ese expediente, la Justicia citó a declaración indagatoria a 24 empleados, una medida repudiada por el SUTNA y por organizaciones sindicales que acompañan el reclamo.
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El gremio sostiene que la permanencia en la fábrica busca preservar el establecimiento frente al cierre. Desde esa posición, reclama que se rechace cualquier intento de desalojo y que se trate el proyecto de ocupación temporaria de las instalaciones. La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados y en el Senado bonaerense.
El pedido político apunta directamente al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Crespo reclamó una audiencia con el Ministerio de Trabajo bonaerense y cuestionó la falta de respuesta oficial durante los últimos meses. “El silencio de cuatro meses ya es una declaración. Pedimos inmediatamente la intervención del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del gobernador”, sostuvo.
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La propuesta sindical busca que la Provincia declare de utilidad pública la planta y habilite una ocupación temporaria mientras se discute una salida. El SUTNA afirma que esa medida permitiría preservar puestos de trabajo y sostener operativa a la única fábrica de neumáticos para buses y camiones del país. La empresa, en cambio, insiste en que la planta dejó de ser económicamente viable y anticipa que agotará instancias de apelación.
El conflicto queda ahora atado a una resolución de la Cámara sobre la validez de los despidos. Mientras tanto, la cautelar salarial mantiene un ingreso para los trabajadores alcanzados y reduce el impacto inmediato del cierre. La definición pendiente marcará si FATE puede sostener su decisión empresaria o si los despidos quedan sin efecto jurídico.
Fuente: Ámbito
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