Las querellantes del ARA San Juan denuncian maniobras para instalar la impunidad de los marinos

Las abogadas de los familiares afirman que la versión de que no se conocen las causas de la tragedia es falsa y buscan condicionar el veredicto.

La versión corporativa que intenta instalar la idea de que es imposible determinar qué sucedió con el submarino chocado contra el fondo marino resulta completamente falsa. Las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias denunciaron una fuerte maniobra política orientada a condicionar la decisión de los magistrados a pocos días de conocerse la sentencia definitiva. Las representantes legales de los familiares afirmaron de manera contundente que los artículos periodísticos recientes reproducen los mismos argumentos de los imputados y señalaron que “no es casualidad, es presión, y la denunciamos”.

El cuestionamiento de las letradas apunta directamente al cambio permanente de estrategias discursivas que los oficiales superiores ensayaron durante los más de ocho años de investigación judicial. Las explicaciones técnicas de los marinos variaron desde una supuesta apertura accidental de una válvula hasta la atribución de culpas a la propia tripulación y al comandante fallecido en el Atlántico Sur. Las querellantes sostienen que los acusados recurrieron incluso a comparaciones con figuras de la mitología griega, demostrando una voluntad constante de hacer “todo, menos hacerse cargo de sus actos y de sus omisiones”.

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La validez de los elementos probatorios acumulados en el expediente ya cuenta con un fuerte respaldo institucional otorgado por diferentes estamentos de la justicia federal y administrativa del país. En enero de 2020 se dictaron los procesamientos iniciales de los altos mandos basándose estrictamente en el material reunido por los investigadores de la causa. Posteriormente, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia ratificó de forma unánime cada una de las imputaciones en noviembre de ese mismo año, validando el camino hacia el debate oral actual.

El propio ámbito de las fuerzas armadas dictaminó la existencia de fallas severas en el manejo operativo de la navegación a través de sus tribunales internos de disciplina. El Consejo de Guerra de la Armada Argentina consideró en su momento que existían elementos de juicio suficientes para aplicar la destitución efectiva de los oficiales de mayor rango involucrados. Basándose en estos antecedentes concurrentes, las representantes de las familias damnificadas remarcaron que “no hace falta una prueba nueva, hace falta que el Tribunal no ceda ante la presión”.

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La etapa de definiciones procesales se encuentra bajo un estricto cronograma que fija para el próximo 8 de julio la lectura de las últimas palabras de los cuatro altos mandos de la Armada imputados en el banquillo. La nómina de marinos procesados que esperan la posterior lectura de las penas está integrada por los oficiales superiores Luis López Mazzeo, Claudio Villamide, Héctor Alonso y Hugo Correa. Inmediatamente después de concluidas estas declaraciones finales, el Tribunal estará en condiciones técnicas de emitir su veredicto de culpabilidad o absolución.

El desarrollo del juicio oral expone de manera cruda una disparidad de recursos económicos y de influencia estatal entre las partes que intervienen en el litigio. Las letradas patrocinantes destacaron que ejercen la representación legal de un grupo de suboficiales y familiares de las víctimas que carecen de fortuna material y se sostienen “sin padrinos políticos”. Muchos de los damnificados residen en diferentes provincias del interior del país y debieron sostener el reclamo de justicia a lo largo de casi una década frente al peso jerárquico de los acusados.

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Las abogadas defensoras de los familiares denunciaron que el bloque de marinos procesados intenta amedrentar a los integrantes del Tribunal “valiéndose del poder institucional que aún detentan” en los estamentos del Estado. Esta situación de asimetría motivó el pedido de máxima atención a los veedores de derechos humanos ante la posibilidad de que se vulneren las garantías de independencia judicial. La presentación escrita busca neutralizar el impacto de las corporaciones militares en la redacción final de los fundamentos de los magistrados.

La querella unificada consideró necesario desvincular el reclamo de responsabilidades individuales de cualquier tipo de ataque de carácter general contra los cuadros de las fuerzas armadas de la Nación. Las abogadas aclararon ante la opinión pública que “este juicio no es contra la Armada Argentina, es por 44 hombres de la Armada Argentina que perdieron la vida por decisiones y omisiones de sus superiores”. La distinción pretende evitar que las jerarquías utilicen el prestigio histórico de la fuerza como un escudo de impunidad personal antes de la sentencia.

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El documento emitido por las oficinas de las abogadas Carreras y Arias finaliza con un emplazamiento directo a los mandos navales y a las autoridades políticas que intentan restarle peso a la acusación. Las profesionales exigieron que cese el destrato hacia las familias de los tripulantes mediante una frase que cierra las especulaciones de accidentes fortuitos al afirmar: “No nos subestimen, el mar no los hundió, fueron los hombres, y deben ser condenados”.

Fuente: Tiempo Sur