Un búnker narco en la Patagonia cayó por las denuncias anónimas de los vecinos

Policiales04/07/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

El operativo policial en Cutral Co permitió desmantelar dos casas donde ocultaban casi 170 dosis de cocaína, un arma y cerca de un millón de pesos.

Bunker Narco
Bunker Narco

Clorhidrato de cocaína equivalente a casi 170 dosis quedó bajo custodia judicial tras un fuerte despliegue policial en dos viviendas de la comarca petrolera. Los agentes especiales finalizaron el pesaje de las sustancias e incautaron fajos de billetes que arrojaron una suma cercana al millón de pesos en efectivo, presuntamente obtenidos de la actividad ilegal nocturna. El material secuestrado representa el resultado directo de una serie de pesquisas orientadas a desactivar bocas de expendio de estupefacientes al menudeo en sectores residenciales.

La base operativa de la red delictiva comenzó a ventilarse mediante la utilización de herramientas digitales de participación ciudadana. Varias denuncias anónimas realizadas mediante la plataforma "Narcoweb" del Ministerio Público Fiscal de Neuquén alertaron a las autoridades sobre los movimientos sospechosos de compradores en una de las cuadras de la localidad. Este canal de comunicación permitió a los residentes dar detalles específicos de las maniobras sin exponer su identidad ante los delincuentes del sector.


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Los investigadores desarrollaron tareas de inteligencia durante varios días en la periferia de los inmuebles bajo sospecha para corroborar la veracidad de los datos recibidos por internet. El trabajo de observación de los agentes de civil permitió identificar el inmueble denunciado originalmente en el barrio Nehuenche y establecer la vinculación de un segundo domicilio presuntamente utilizado en la misma maniobra delictiva. Ambas estructuras edilicias funcionaban de manera coordinada para el acopio y la distribución de los envoltorios plásticos.

La Unidad Fiscal de Cutral Co recibió las pruebas reunidas y autorizó de forma inmediata las órdenes de allanamiento necesarias para ingresar a los domicilios. Las irrupciones de las brigadas civiles se ejecutaron de manera simultánea durante la jornada del jueves para impedir el descarte de las sustancias prohibidas por los inodoros o patios linderos. El factor sorpresa neutralizó la reacción de los ocupantes, quienes se encontraban fraccionando el material al momento del ingreso.


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El secuestro de elementos incluyó un arma de fuego calibre 22 con cartuchería que permanecía cargada en una de las habitaciones de la vivienda principal. Los efectivos policiales retiraron del lugar equipos de cámaras de seguridad, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la investigación que se sustenta en la fiscalía. Los dispositivos de filmación electrónica eran utilizados por los sospechosos para vigilar la llegada de posibles patrullas o de bandas rivales.

El despliegue de las fuerzas requirió un anillo de seguridad complejo debido a la conflictividad del sector residencial intervenido. El operativo contó con la colaboración de personal de la División Antinarcóticos del Pehuén (Zapala), efectivos del Departamento Comando Radioeléctrico y del Grupo Especial GEOP, dependientes de la Dirección Seguridad La Comarca. Las fuerzas de elite controlaron los ingresos y las esquinas para facilitar las requisas minuciosas de los peritos de la División Antinarcóticos de la Comarca.


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Las personas involucradas en la actividad ilícita comparecieron ante los jefes del operativo y fueron notificadas de su vinculación a la causa judicial en curso. La fiscalía no dictó prisiones preventivas inmediatas, pero los imputados quedaron supeditados al avance de las pericias químicas sobre el polvo blanco incautado. Las actas de notificación fijaron las restricciones de residencia mientras se tramitan los antecedentes penales de cada uno de los investigados.

El millón de pesos recuperado en los escondites de las casas permanece depositado en cuentas judiciales oficiales bajo la carátula de presunta comercialización de estupefacientes. Los investigadores de la división especial analizan si los teléfonos celulares secuestrados contienen agendas de clientes o registros de transferencias que vinculen a los sospechosos con proveedores de mayor escala en la región. Las balanzas de precisión encontradas completan el cuadro probatorio que maneja el Ministerio Público de la provincia.

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