Las nuevas "viudas negras": vaciaban cuentas y sacaban préstamos millonarios con perfiles falsos en aplicaciones de citas

La justicia identificó la ruta del dinero de la banda de las "tarántulas" tras analizar las transferencias de las víctimas atrapadas en los playones de Villa Soldati.

El fraude financiero consolidado por la organización criminal superó los 14 millones de pesos en tres meses de actividad delictiva continua. Los delincuentes obligaban a los damnificados a desbloquear sus teléfonos celulares bajo amenaza de armas de fuego para ingresar a las aplicaciones bancarias. Una vez que obtenían el control total de los saldos, los asaltantes ejecutaban transferencias masivas, vaciaban los ahorros corrientes y gestionaban créditos preaprobados de ejecución inmediata.

El hilo conductor para desarmar el entramado delictivo surgió a partir del rastreo de los movimientos de fondos en las plataformas virtuales. Al analizar los comprobantes de las transferencias bancarias que los delincuentes obligaban a realizar a las víctimas mediante aplicaciones como Mercado Pago y Personal Pay, se logró identificar a los titulares de las cuentas que recibían el dinero. 

Los peritos informáticos de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (Ufecri) profundizaron el análisis sobre la huella digital de la organización para llegar a las identidades reales de las administradoras. La corporación tecnológica Meta proporcionó la información sobre las líneas de teléfono que usaron para crear los perfiles sugerentes en la red Instagram. El cruce de las direcciones IP y los números de chip facilitó la obtención de los rostros oficiales guardados en el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer).

El esquema operativo se basaba en una división de tareas donde dos hermanos adultos reclutaban adolescentes que usaban de carnada para atraer a los conductores masculinos hacia los playones residenciales. Las menores utilizaban nombres supuestos como "Brenda", "Zoe" o "Pía" para pautar citas nocturnas cerca de la avenida Coronel Roca al 3500. Los jóvenes engañados llegaban al perímetro delimitado por las calles Lacarra, Mariano Acosta y Triana creyendo que participarían de un encuentro sexual programado.

Las víctimas eran conducidas a pie hacia los pasillos internos de los edificios, alcanzando los palieres del tercer, cuarto u undécimo piso según el departamento asignado para la emboscada. Al abrirse las puertas de los ascensores, los damnificados eran abordados por grupos de hasta cinco hombres armados que se ocultaban en la oscuridad. Los delincuentes eran descritos por los afectados como sujetos de gran porte, señalando que medían más de dos metros de altura.

La Procuración General de la Nación le encomendó al fiscal José María Campagnoli la unificación de los seis expedientes dispersos en las fiscalías nacionales número 11, 37, 39, 53 y 56. El avance de la recolección de pruebas determinó un cambio de jurisdicción debido a las condiciones civiles de las entregadoras del complejo habitacional. Como las adolescentes eran menores de 18 años, la causa terminó en Fiscalía Nacional de Menores N° 3 y el Tribunal Oral de Menores N° 3.

En uno de los asaltos perpetrados el 10 de abril a la madrugada, los asaltantes le sustrajeron la billetera a un conductor y concretaron un fraude por un millón de medio de pesos. En otra secuencia registrada el 7 de marzo, los ladrones obligaron a un joven y a su amigo a ingresar a sus cuentas de Instagram para borrar el historial de chats con "Brenda Agustina", dejándolos con un crédito tomado a su nombre por cinco millones de pesos.

A varios de los damnificados también les sustrajeron las llaves de contacto de sus vehículos particulares para revisar las guanteras en los estacionamientos comunes. Los afectados debían caminar sin dinero ni medios de comunicación hacia las remiserías linderas del barrio para solicitar asistencia tras quedar abandonados en la vía pública. Los reconocimientos fotográficos del ReNaPer confirmaron que los implicados contaban con antecedentes penales por delitos de similar matriz operativa.

Los investigadores del Ministerio de Seguridad de la Ciudad admitieron que el expediente principal mantiene cabos sueltos respecto a los ejecutores de las golpizas callejeras. Hay al menos otras cuatro personas involucradas e identificadas que funcionaban como prestanombres para recibir las transferencias electrónicas secundarias en sus cuentas virtuales. Las patrullas civiles sostienen las vigilancias encubiertas en Soldati ante la certeza de que existen células delictivas que replican la modalidad de emboscada.

Fuente: Clarín