Más detalles de la causa en la captaban a nenas vulnerables para una red de explotación sexual infantil en Chubut

Los investigadores ejecutaron siete allanamientos en Gobernador Costa y José de San Martín para desarticular una presunta red de explotación sexual infantil.

Una serie de restricciones de prohibición de acercamiento vigentes resultaron totalmente inútiles para frenar el acoso organizado sobre un grupo de víctimas menores de edad. Los agresores vulneraron los perímetros de seguridad dictados previamente por los juzgados de familia de la jurisdicción de la meseta chubutense. Los legajos judiciales ponen el descubierto un patrón de desprotección extrema donde fallaron los mecanismos de control estatal y los entornos familiares directos de contención.

El Ministerio Público Fiscal de Chubut desplegó un dispositivo de inspección masiva para cortar las maniobras de captación en el casco urbano de dos localidades vecinas. Se coordinó la ejecución de siete allanamientos de manera simultánea en las localidades de Gobernador Costa y José de San Martín para asegurar las viviendas de los sospechosos. Las comisiones policiales ingresaron a los domicilios particulares en base a las sospechas de un circuito delictivo enfocado en la periferia.

Los procedimientos se concentraron en las residencias de varios hombres mayores de edad afincados en el corredor de la Ruta Nacional 40. Los implicados presuntamente suministraban sumas de dinero, teléfonos celulares y víveres a menores de edad que se encuentran en un contexto de extrema fragilidad social. La utilización de recursos materiales básicos funcionaba como el anzuelo económico para lograr el sometimiento físico continuo de las nenas en los búnkeres barriales.

Los operativos tuvieron como propósito recolectar documentación, dispositivos y elementos de prueba que permitan reconstruir los chats y las agendas telefónicas secuestradas. Los peritos informáticos retiraron de las habitaciones varias computadoras y memorias externas de almacenamiento digital que serán analizadas por los gabinetes tecnológicos del valle. Las carpetas secuestradas contienen indicios sobre los movimientos diarios y los horarios habituales en que se producían los encuentros clandestinos.

El expediente penal sumó gravedad institucional al acreditarse la absoluta omisión de los deberes de protección y cuidado efectivo por parte de quienes ejercen la tutoría legal de las menores. Los responsables familiares directos de las damnificadas pasaron por alto las ausencias prolongadas de los hogares y el ingreso de bienes materiales sin justificación de ingresos. La fiscalía analiza las responsabilidades civiles concurrentes por la desidia detectada en el manejo diario de las infancias.

Las autoridades de la judicatura local ratificaron que las actuaciones se encuentran en una fase preliminar de acopio de información, por lo que se mantiene la reserva extrema de las identidades. Hasta el momento no se han formulado imputaciones formales contra ninguna persona en los tribunales penales de la comarca. La falta de arrestos inmediatos responde a la necesidad de consolidar las pericias de laboratorio sobre los soportes electrónicos recolectados de las mesitas de luz.

Para dinamizar las diligencias procesales, el procurador de Fiscalía, Ismael Cerda, se trasladó hasta Gobernador Costa con el fin de supervisar las tareas de campo del personal policial. El funcionario requirió el aval y la autorización de un juez penal de la jurisdicción para validar los ingresos simultáneos y evitar futuras nulidades por parte de las defensas. La presencia del fiscal de turno aceleró el resguardo de los testimonios de los vecinos de las cuadras intervenidas.

La acumulación de pruebas incluye la existencia de diversos informes técnicos que alertan sobre la presencia de indicadores indirectos de victimización en las niñas afectadas. Las asistentes sociales de los servicios de protección de derechos aportaron los informes psicológicos que detallan el daño madurativo y el estrés postraumático que evidencian las menores. Estos exámenes interdisciplinarios serán claves para fundamentar los pedidos de detención que planea la fiscalía para el mediano plazo.

El destino inmediato de las menores dañadas por el accionar de la red de corrupción y explotación sexual de niñas permanece bajo un estricto régimen de reserva institucional. El Ministerio Público Fiscal buscará reubicar a las víctimas en hogares de tránsito fuera del radio de acción de las dos comunas del interior para asegurar los tratamientos de recuperación. Las próximas peritajes a los discos rígidos secuestrados determinarán la escala real de los abusos cometidos en la región cordillerana.

Fuente: Oficina de Prensa del Ministerio Público Fiscal de Chubut