
El Gobierno provincial diseña un incentivo financiero para frenar la salida de médicos de Prosate
Chubut07/07/2026
REDACCIÓNUna mesa de trabajo multisectorial evalúa las alternativas técnicas y presupuestarias para revertir la disminución de profesionales en el esquema de atención primaria de los jubilados de Puerto Madryn.

La conducción del Programa de Salud de la Tercera Edad coordinó un encuentro junto al Ministerio de Salud de Chubut y los representantes del Consejo de Adultos Mayores a fin de unificar criterios de contingencia frente a las modificaciones operativas resueltas a nivel federal. Las autoridades buscan estructurar un mecanismo de compensación que permita restablecer la regularidad en el otorgamiento de turnos en las sedes locales.
La cumbre sectorial estuvo encabezada por el secretario de Salud de la provincia, Sergio Wisky, junto al responsable de la dirección provincial, el doctor Sáenz, y los equipos técnicos municipales del área social. Los funcionarios analizaron el estado de vulnerabilidad del sistema prestacional de la ciudad tras los desajustes salariales acumulados durante el último trimestre en el escalafón médico. En declaraciones brindadas a #LA17, el coordinador de Prosate en Puerto Madryn, Fernando Bosch Estrada, manifestó que “el secretario de salud transmitió, la preocupación por la problemática” y ratificó el carácter prioritario que la gestión otorga a la cobertura de la tercera edad.


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El origen de la restricción en la oferta de turnos médicos se vincula de forma directa con una reestructuración financiera decidida de manera unilateral por las oficinas centrales de la obra social de los jubilados en Buenos Aires. A partir de las liquidaciones correspondientes al mes de abril, la administración nacional de PAMI suprimió el esquema mixto que combinaba un pago fijo por afiliado con un arancel específico por cada consulta efectivamente realizada. Los profesionales de cabecera experimentaron una quita salarial neta al suspenderse el reconocimiento monetario de las prácticas médicas individuales, elevando el malestar de las asociaciones profesionales del sector.
La desaparición del incentivo por consulta impactó de manera inmediata en la estabilidad de las cartillas médicas, forzando un escenario de vacancia en los consultorios barriales de la ciudad del golfo. Las sucesivas demandas de actualización arancelaria no encontraron respuestas favorables en los canales institucionales de la obra social central, acelerando la desvinculación voluntaria de los prestadores. El coordinador local analizó las derivaciones de este conflicto en #LA17 puntualizando que “lo que sucedió desde ese mes en adelante es que tuvimos varias renuncias de profesionales en el transcurso de estos dos o tres meses por una cuestión lógica”.
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La salida de los profesionales del circuito de la seguridad social alteró el mapa de cobertura médica, trasladando la demanda de prestaciones hacia los sectores de atención arancelaria plena del circuito comercial. La mayoría de los efectores que decidieron suspender sus convenios con el programa estatal reorientaron sus actividades habituales hacia la práctica médica privada independiente. Esta migración de profesionales agudizó las dificultades de los beneficiarios para conseguir recetas estables y derivaciones para interconsultas especializadas dentro de los plazos recomendados por los protocolos de seguimiento clínico.
El comportamiento de los modelos de contratación médica capitados puros ya registra antecedentes desfavorables en las evaluaciones de gestión sanitaria de la última década en la Patagonia. La experiencia técnica demuestra que la supresión del pago por prestación debilita la oferta de espacios de atención debido a que los salarios fijos no guardan relación con el volumen real de pacientes recibidos. Bosch Estrada expuso sus reservas sobre el mecanismo implementado desde Buenos Aires señalando que “al no estar el estímulo sobre la consulta más desincentiva la atención”, remarcando que el sistema mixto anterior resultaba superior para garantizar la apertura de agendas.
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El diseño de la salida institucional para la crisis prestacional de Puerto Madryn se apoyará en las facultades jurídicas particulares que rigen el convenio de salud de la provincia de Chubut. A diferencia de lo que sucede en otras jurisdicciones del país, la existencia de la estructura de Prosate permite al Estado provincial intervenir de manera autónoma para complementar los ingresos de los médicos de cabecera. Los equipos contables de la provincia evalúan los flujos de fondos necesarios para implementar un subsidio extraordinario por consulta que funcione como un incentivo salarial superador.
Las autoridades sanitarias locales sostienen canales de comunicación diarios con las delegaciones de PAMI en Comodoro Rivadavia, bajo la dirección de San Nieves, para coordinar la transición hacia el nuevo modelo de financiamiento unificado. El propósito de la intervención del Ministerio de Salud se orienta tanto a sostener la permanencia de los médicos en actividad como a generar condiciones atractivas para reincorporar a los profesionales que abandonaron el sistema. Las mesas técnicas avanzan en la redacción de los decretos regulatorios correspondientes para formalizar el aporte presupuestario provincial en el transcurso de las próximas jornadas.
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La puesta en marcha del programa complementario provincial quedará sujeta a la validación de los sistemas de auditoría médica cruzada que certifiquen el cumplimiento efectivo de las horas de atención ciudadana. Los técnicos ministeriales deben fijar los nuevos valores referenciales de la consulta médica y los topes mensuales de prestaciones autorizadas por cada profesional matriculado. El éxito de la operatoria diseñada en las reuniones de salud pública determinará la normalización definitiva de la atención de cabecera para los miles de afiliados que dependen del sistema Prosate en la localidad.
















