Una jueza quedó al borde de una sanción por denuncias de destrato y violencia laboral
Actualidad07/07/2026
Sergio BustosEl Consejo de la Magistratura de Chubut resolvió declarar insatisfactorio el desempeño de la jueza de Familia de Comodoro Rivadavia, Jorgelina Castillo, luego de evaluar su gestión correspondiente al período comprendido entre agosto de 2022 y agosto de 2025. La decisión fue adoptada durante la última sesión del organismo y el expediente quedó ahora en manos del Superior Tribunal de Justicia.
La evaluación concluyó que existen serias deficiencias en la conducción del juzgado, especialmente en la gestión del personal. Entre las observaciones se mencionan dificultades para resolver conflictos internos, problemas de liderazgo y un ambiente laboral que derivó en una elevada rotación de empleados y numerosas renuncias.
El dictamen sostiene que la magistrada mostró "incapacidad para gestionar los conflictos y el estrés inherentes al fuero, lo que derivó en un entorno de hostilidad, trato rígido, desigual y directivas despectivas hacia el personal subordinado, generando una alta e inusual rotación y renuncia de agentes".
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La resolución también incorpora un informe elaborado el 10 de abril de 2026 por la Oficina de Violencia Laboral de la Dirección de Recursos Humanos del Superior Tribunal de Justicia. Ese documento detectó "factores de riesgo asociados al destrato y afectación psicoemocional del plantel", situación que fue considerada durante la evaluación del desempeño.
A esas observaciones se sumaron planteos del Ministerio de la Defensa Pública. Según consta en el expediente, se cuestionaron intervenciones de Castillo durante audiencias judiciales que, a criterio de ese organismo, afectaban la autonomía de los defensores y el debido proceso. También se señaló que en algunos casos sensibles no se realizaron las audiencias correspondientes.
Durante su descargo, la jueza rechazó las acusaciones y atribuyó las dificultades al funcionamiento del juzgado. Explicó que el organismo recibe alrededor de mil causas por año, administra más de ocho mil expedientes activos y cuenta con una dotación reducida de personal para cubrir las guardias permanentes.
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Como parte de la evaluación, los consejeros también le consultaron por la diferencia entre la buena relación laboral que describió y la cantidad de quejas presentadas por trabajadores, además de la baja productividad detectada. Asimismo, le pidieron explicaciones sobre una reunión convocada con el personal luego de conocer la evaluación negativa, cuya modalidad fue considerada potencialmente intimidatoria. La magistrada mantuvo su postura y negó las irregularidades.
Tras analizar toda la documentación y las entrevistas, el pleno del Consejo concluyó de manera unánime que estaban acreditadas "las anomalías de conducción y de interrelación personal detectadas". Sin embargo, por mayoría resolvió que esas deficiencias no alcanzaban para promover un jury de enjuiciamiento, pese a que esa había sido la recomendación de la Comisión Evaluadora.
El dictamen original fue aún más severo respecto del funcionamiento del juzgado. Los consejeros Fernando Peralta, María Bottini, Lucía González Almirón y Estefanía Alejo sostuvieron que la evidencia reunida permitía inferir "un clima laboral de hostilidad y violencia que trasciende lo administrativo para constituirse en un riesgo directo a la salud psicofísica del personal y a la eficacia en la resolución de los casos". El documento agrega: "Nos encontramos ante un ejercicio autoritario del poder delegado por la ciudadanía".
Ahora será el Superior Tribunal de Justicia el que deberá analizar el expediente, profundizar la información aportada por las áreas técnicas de Bienestar Laboral y Violencia Laboral y definir si corresponde aplicar una sanción disciplinaria a la magistrada.
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