La Justicia le impuso una restricción fronteriza al exjefe de Gabinete, mientras la investigación incorporó un pago familiar de U$S 12.000.
La causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Manuel Adorni sumó una nueva medida judicial y otro dato patrimonial que compromete a su entorno familiar. El juez federal Ariel Lijo dispuso que el exjefe de Gabinete no pueda salir del país sin autorización previa. La resolución se conoce mientras la fiscalía reconstruye gastos, propiedades, viajes y movimientos en efectivo vinculados al exfuncionario.
La restricción implica que Adorni deberá pedir permiso cada vez que quiera viajar al exterior. Esa solicitud quedará bajo análisis judicial y también deberá ser evaluada por el fiscal Gerardo Pollicita. La medida busca asegurar que el exfuncionario permanezca a disposición del expediente mientras se completa la etapa de prueba.
El nuevo capítulo de la investigación aparece vinculado a una vivienda en el barrio privado Fincas de Iraola II, en Berazategui. Allí reside Silvia País, madre de Adorni. La fiscalía puso el foco en el contrato de alquiler y en la forma en que se habría pagado una suma importante en dólares.
Según la declaración incorporada al expediente, la propietaria del inmueble confirmó que se pactó un alquiler mensual de U$S 1.100. También señaló que se abonó de manera anticipada un año completo de contrato. El monto total fue de U$S 12.000 en efectivo.
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Quien se presentó para firmar y entregar el dinero fue Juan País, tío materno de Manuel Adorni. Ese dato abrió una nueva derivación dentro de la pesquisa, porque los investigadores analizan si hubo una triangulación familiar para cubrir gastos que no aparecían de manera directa en los registros bancarios del exfuncionario. La fiscalía también requirió información sobre expensas y consumos del barrio privado.
La causa ya incluía el análisis de movimientos patrimoniales, declaraciones juradas rectificadas, viajes y gastos familiares. También investiga a Bettina Angeletti, esposa de Adorni, y a Francisco Adorni, hermano del exjefe de Gabinete. El objetivo judicial es determinar si los ingresos declarados alcanzan para justificar el nivel de gastos detectado.
El expediente quedó en una etapa sensible porque la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financierodebe entregar un peritaje contable. Ese informe será determinante para ordenar los datos reunidos durante las últimas semanas. Con esa documentación, la fiscalía podrá evaluar los próximos pasos procesales.
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Entre los elementos que se analizan figura un patrimonio rectificado que, según los datos incluidos en la investigación, rondaría los 944 millones de pesos. También se revisan gastos en efectivo, operaciones inmobiliarias y consumos que habrían superado los ingresos históricos vinculados a su actividad pública. Por ahora, Adorni continúa bajo investigación y conserva su derecho de defensa.
La prohibición de salida del país no equivale a una condena ni anticipa por sí sola una decisión final. Sí marca un endurecimiento del control judicial sobre el exfuncionario y su entorno directo. La causa avanza hacia una definición sobre si los bienes, pagos y gastos detectados tienen respaldo económico suficiente o si deberán derivar en una imputación más gravosa.
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