El comercio ilegal impacta en sectores como celulares y cigarrillos, con una pérdida estimada de US$2.300 millones en ingresos fiscales para el país.
En el mercado de tecnología, la venta de dispositivos móviles se ubica entre el 5% y el 15% del comercio ilegal total. María Eugenia Mayans, gerente senior de Relaciones Gubernamentales de Lenovo, confirmó que el contrabando aporta uno de cada tres celulares al mercado. Esta cifra representa un volumen de alrededor de 3 millones de unidades por año.
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Respecto al consumo de tabaco, el gerente de Prevención de Comercio Ilícito de Philip Morris Argentina, Juan José Benítez, señaló que tres de cada diez cigarrillos consumidos en Latinoamérica son ilegales. El directivo precisó que «El cigarrillo es el bien legal más contrabandeado». El crecimiento de estas actividades ilegales fue analizado durante el V Encuentro del Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito.
El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, precisó que el país viene de gobiernos que aplicaron políticas muy laxa en los controles. El dirigente reconoció que el Gobierno «está tratando de dotarse de herramientas para tratar este flagelo», aunque advirtió que «controlar una frontera tan grande no es fácil». Según el último informe de la ASIPI, la problemática asciende al 5% del PIB en Argentina y Brasil, mientras que en México aumenta al 8%.
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El Estado argentino enfrenta el desafío de cubrir los 9.300 kilómetros de frontera y los 250.000 comercios de cercanía del territorio nacional. Fernando Martín Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, explicó que el rol de las cámaras es fundamental ante la imposibilidad de llegar a todas las empresas. El funcionario destacó que la intervención estatal es necesaria para garantizar la competencia y la seguridad comercial.
Desde la Dirección General de Aduanas, el asesor Diego Figueroa analizó que el organismo trabaja sobre tres ejes definidos por el Ministerio de Economía. Estas acciones incluyen la desregulación, la modernización de normas y sistemas para mejorar la competitividad y el control del tráfico de mercaderías. El objetivo central es fortalecer la estructura operativa frente al crecimiento del comercio ilegal.
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El secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto, indicó que el país atraviesa «un cambio de paradigma en la forma en la que el Estado entiende el delito complejo». El funcionario advirtió que las economías criminales son cada vez más sofisticadas y utilizan las mismas redes que nutren el narcotráfico. Según su declaración, el ingreso de mercadería criminal pone en crisis la industria nacional y socava el empleo formal.
En ese marco, el funcionario subrayó la importancia de combatir la criminalidad organizada para proteger los sectores productivos del país. Ferlauto concluyó que «El compromiso de este ministerio es seguir avanzando en combatir la criminalidad organizada: cuando protegemos el comercio legal protegemos a los trabajadores, a los consumidores y a los emprendedores».
Además, el crecimiento desmedido del comercio ilegal de celulares fue uno de los puntos centrales de preocupación para los referentes del sector. La problemática requiere una respuesta coordinada entre el Estado y las cámaras empresariales para mitigar el impacto fiscal. El análisis de los datos confirma que el comercio ilegal es una variable crítica para la economía argentina actual.
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