El Gobierno impulsará un megaproyecto de ley para desregular diversos sectores

Política10/07/2026

La iniciativa incluiría cambios en el mercado inmobiliario, el régimen de libros y la fiscalización de medicamentos veterinarios en el país.

El Gobierno nacional planea presentar en los próximos días un nuevo megaproyecto de ley desregulador que abarca aproximadamente catorce temas. El borrador, que se mantiene bajo estricta reserva, incluiría cambios normativos que el ministerio de Federico Sturzenegger impulsó y que fueron frenados por la Justicia. La propuesta busca emular el espíritu de las reformas implementadas en el Reino Unido en industrias como el mercado de capitales.

En el terreno del transporte, el oficialismo volvería a la carga con la reforma de la Ley de Cabotaje fluvial y marítima. El objetivo de esta medida es que buques extranjeros puedan ofrecer el servicio de transporte entre los puertos argentinos. Además, el proyecto buscaría sellar por ley dos propuestas que habían sido incorporadas por decreto o resolución y que luego fueron suspendidas por la Justicia.

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La iniciativa también contempla rehabilitar la dispensa de medicamentos de venta libre por fuera de las farmacias. Esto habilitaría que productos como el ibuprofeno o algún antiácido se ofrezcan en supermercados o estaciones de servicio. Dicha medida había quedado sin efecto a mediados del año pasado por una medida cautelar solicitada por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) y la Federación Farmacéutica de la República Argentina (Fefara).

Por otra parte, el proyecto incluiría la suspensión del aporte obligatorio que las bodegas y los productores vitivinícolas realizan a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). El Gobierno ya había intentado suspenderlo este año mediante una resolución firmada por el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, pero la Justicia consideró que no podía modificarse una ley por esa vía. La medida afectada es la ley 25.849.

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En el sector inmobiliario, el proyecto desregulador incluiría fuertes cambios mediante la eliminación de honorarios mínimos en la intermediación. También contempla la revisión del sistema de matriculación obligatoria y la reducción de barreras de entrada para nuevos operadores. Además, buscaría la flexibilización de regulaciones en la compraventa de inmuebles y la desregulación de la fiscalización de medicamentos veterinarios.

La nueva ofensiva legislativa también apunta a modificar el funcionamiento de las cooperativas, sobre todo las de ayuda económica. El texto incluiría cambios en el régimen del libro, específicamente la ley 25.542, que establece un precio uniforme para los libros vendidos en todo el país. Estos temas habían sido puestos sobre la mesa por el Gobierno en el pasado pero no tuvieron éxito al momento de materializarlos.

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En el plano político, la estrategia de la Casa Rosada de cara al armado electoral de 2027 parecería estar encauzándose con gobernadores más dispuestos a la negociación. La idea de un nuevo intento de paz entre las dos facciones de la gestión libertaria quedó sellada con el abrazo que el presidente Javier Milei le dio al asesor Santiago Caputo. El encuentro ocurrió en el balcón de la Casa Rosada ante la mirada de Karina Milei.

En cuanto a la coparticipación, cuatro provincias recibieron anticipos a fines de junio y en lo que va de julio: Chaco, Entre Ríos, Tucumán y Santa Fe. La Nación cerró junio con sus cuentas exigidas, con déficit primario y financiero, y deberá hacer malabares para cumplir la meta fiscal. El acuerdo con las universidades podría sumarle al gasto unos $85.000 millones mensuales, sumado a la demanda de empresas como Enarsa y Cammesa.

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Por otra parte, la provincia de Buenos Aires no recibió estos anticipos y la administración de Axel Kicillof busca autorizaciones para la emisión de deuda local. Los laboratorios que proveen medicamentos al IOMA estiman que la deuda de enero a la fecha es de unos $210.000 millones. Desde las cámaras farmacéuticas confesaron: «Es un problema que seguimos de cerca. Porque una vez que arranque la puja electoral, todas esas son cajas y va a ser difícil que cumplan con las deudas».

En el ámbito internacional, la Argentina eligió el silencio ante la investigación de la USTR por no prohibir la importación de bienes con "trabajo esclavo". A pesar de los pedidos del sector privado, el Gobierno no hizo ninguna presentación en el expediente.

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La investigación por trabajo esclavo es la herramienta legal con la que Washington reconstruye los aranceles que la Corte Suprema revocó en febrero. La Argentina zafa con la tarifa reducida gracias a su acuerdo de comercio recíproco, pero los expedientes quedan. El sector privado, incluyendo cerealeras y citrícolas, dejó constancia de su desacuerdo para evitar que quede precedente de que el país convalidó el argumento.

Fuente: LA NACION.