El freno inconstitucional a las inversiones mineras: fallos de la Corte y la reforma que esquiva la política

Chubut14/07/2026

Las leyes provinciales de compre local destinadas a blindar de forma artificial a los prestadores de servicios de las jurisdicciones mineras comenzaron a chocar de manera directa con el ordenamiento constitucional argentino.

Diversas provincias del país aplican normativas de cupos estrictos para la contratación de proveedores de su propio territorio, recreando un esquema de barreras aduaneras internas que la propia organización nacional de 1853 buscó erradicar para garantizar el libre comercio. Esta distorsión regulatoria, amparada bajo el pretexto de defender la mano de obra regional, no solo desalienta la llegada de grandes desembolsos de capital, sino que expone a los estados provinciales a inminentes demandas judiciales por discriminación fiscal y violaciones de derechos fundamentales.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó recientemente este límite constitucional a través de dos fallos referidos a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, donde se pretendía aplicar un cobro diferenciado y penalizante de Ingresos Brutos a compañías radicadas en otros distritos. La declaración de inconstitucionalidad de estas asimetrías impositivas sienta un precedente ineludible para esquemas provinciales similares, como el régimen de 90-10 de Santa Cruz, el 80-20 de Río Negro o el reciente 60% impuesto por la legislación de San Juan. El exsecretario de Minería de la Nación, Mario Capello, analizó esta tensión jurídica en los micrófonos de #LA17, calificando las normativas de compre local como una maniobra impulsada por sectores políticos para favorecer a corporaciones asociadas al poder en detrimento de la competitividad.

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“Estas violaciones, esta falta de sentido común, esto que hacen en nombre de las provincias, en realidad los que están atrás de esto son los amigos del poder”, denunció el referente del Grupo Sarmiento durante su entrevista radial. Para Capello, los proveedores competitivos del sector minero deben adjudicarse los contratos sobre la base de su capacidad tecnológica, profesionalismo y calidad de servicios, sin requerir de proteccionismos legales que encarecen la producción. El especialista argumentó que, independientemente del origen de las empresas proveedoras de insumos, maquinarias o software, la demanda de mano de obra en el territorio siempre terminará recayendo sobre los trabajadores locales debido a las necesidades operativas de los propios yacimientos.

La búsqueda de competitividad internacional en un mercado de commodities globalizado exige una reformulación profunda de los tributos provinciales, señalándose a los Ingresos Brutos como el gravamen más distorsivo y nocivo para el desarrollo industrial argentino. La propuesta metodológica del Grupo Sarmiento contempla eximir por completo de este impuesto a los proveedores de bienes y servicios vinculados a nuevos proyectos mineros para abaratar los costos de exportación. De acuerdo con esta visión, el fenomenal flujo de divisas que generaría la puesta en marcha de los yacimientos compensaría de forma holgada la recaudación inicial, permitiendo a los gobiernos provinciales aliviar de forma paulatina la carga fiscal sobre el resto de las actividades comerciales y productivas de sus regiones.

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Esta reforma de la competitividad impositiva se complementa con un proyecto de ley presentado en el Congreso de la Nación por el diputado Ricardo López Murphy, que plantea una transformación radical en el sistema de cobro de regalías mineras en todo el territorio nacional. La iniciativa propone sustituir los esquemas de regalías fijas por un modelo progresivo y móvil basado en el comportamiento de los precios internacionales de los metales, tomando como referencia el exitoso sistema aplicado por Perú. Bajo este mecanismo de escala, las provincias actuarían como socias activas de los emprendimientos, cobrando alícuotas mínimas cuando los precios de los minerales depriman la rentabilidad empresaria, pero capturando ingresos extraordinarios durante los ciclos de superprecios de mercados como el oro, la plata, el cobre y el litio.

“Pasar a regalías progresivas y móviles, es decir, que la empresa cuando tiene altas ganancias pague altas regalías y si tiene bajas ganancias que pague bajas regalías”, explicó Capello en #LA17 al defender la flexibilidad del proyecto fiscal frente a la rigidez de las leyes vigentes. La propuesta, sin embargo, enfrenta la total indiferencia de los gobernadores que integran la Mesa del Cobre, a quienes el exfuncionario cuestionó por priorizar las urgencias de la próxima contienda electoral antes que el diseño de políticas públicas con horizontes de planificación a veinte o treinta años. Esta falta de apertura técnica de los cuadros políticos tradicionales impide que las provincias con potencial minero asimilen herramientas diseñadas para maximizar el retorno económico del recurso subterráneo.

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Las estimaciones de recaudación bajo el nuevo esquema móvil demuestran un salto exponencial de los recursos que recibirían los estados patagónicos frente a los cálculos tradicionales de explotación. En el caso del proyecto aurífero rionegrino Calcatreu, ubicado en cercanías de Ingeniero Jacobacci, las regalías tradicionales estimadas en 6,2 millones de dólares anuales ascenderían a 23 millones de dólares al año bajo el modelo progresivo, de acuerdo con los niveles de exportación de onzas de oro informados por la empresa operadora para el próximo año. De manera idéntica, el postergado megaproyecto de plata Navidad, en la meseta central del territorio chubutense, pasaría de tributar unos 26 millones de dólares a aportar más de 95 millones de dólares anuales a una de las regiones más postergadas y afectadas por las rigurosas contingencias climáticas invernales.

En el norte minero, el impacto del cambio impositivo propuesto por el Grupo Sarmiento adquiriría dimensiones aún más monumentales debido a la envergadura de los proyectos de cobre proyectados para la cordillera. El yacimiento sanjuanino de Pachón, planificado para procesar unas 300.000 toneladas de cobre fino, elevaría su aporte por regalías de los 109 millones de dólares originales a la cifra de 344 millones de dólares anuales, un volumen de divisas similar al que registraría el proyecto salteño Taca-Taca con su previsión de 280.000 toneladas. Estos recursos genuinos representan, para los autores de la iniciativa, la única vía sustentable para financiar obras de infraestructura vial y de servicios que reviertan los índices de pobreza estructural de las comunidades cordilleranas.

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El debate sobre el potencial geológico del país también incluyó advertencias sobre la difusión de supuestos descubrimientos científicos que carecen de trabajos de campo que avalen su viabilidad económica real. El exsecretario de Minería consideró sumamente arriesgados los trascendidos referidos a un informe del SEGEMAR que le atribuía a la localidad rionegrina de Sierra Grande la posesión de un yacimiento equivalente al 22% de las reservas nacionales de tierras raras. Si bien admitió que el país cuenta con formaciones geológicas propicias para albergar estos minerales críticos utilizados en la industria aeroespacial y de alta tecnología, aclaró de manera tajante que Argentina carece de la exploración y los análisis de laboratorio indispensables para certificar la existencia de tales recursos en la costa patagónica.