Los inversores desplazados podrán ampliar sus argumentos el 10 de agosto. El tribunal decidirá si recuperan el acceso y la participación en el expediente.
La Cámara Federal porteña revisará la decisión que excluyó a cinco inversores como querellantes en la causa por el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA. La audiencia fue fijada para el 10 de agosto, cuando los afectados podrán ampliar los fundamentos de sus apelaciones. La presentación podrá realizarse por escrito o de manera oral, si así lo solicitan.
La resolución quedará en manos de la Sala I de la Cámara Federal, actualmente integrada por Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. Los magistrados deberán determinar si los inversores tienen derecho a continuar dentro del expediente como presuntas víctimas. La definición condicionará su capacidad para acceder a las actuaciones y solicitar nuevas medidas de prueba.
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi había apartado a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo. La medida respondió a una presentación realizada por la defensa de Mauricio Novelli, uno de los principales investigados. El magistrado entendió que los inversores no acreditaron un perjuicio directo ni la titularidad de los tokens involucrados.
Martínez De Giorgi aceptó una excepción de falta de acción presentada por Novelli y consideró que las pérdidas podían formar parte de los riesgos asumidos por quienes operan con activos digitales. En su resolución describió a las memecoins como instrumentos sujetos a regulación limitada, alta volatilidad y valoraciones dependientes del mercado. Bajo ese criterio, sostuvo que la inversión no bastaba para reconocer automáticamente a los compradores como damnificados directos.
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Los inversores rechazaron esa interpretación y pidieron recuperar su lugar en el proceso. Cuatro de ellos son representados por el equipo jurídico del diputado nacional Juan Grabois, encabezado por el abogado Nicolás Rechanik. Martín Romeo, por su parte, apeló mediante una presentación de su abogado, Nicolás Oszust.
Las apelaciones sostienen que el expediente contiene elementos que exceden una simple caída del precio de una criptomoneda. Los querellantes mencionaron peritajes oficiales e informes de organismos especializados en delitos informáticos. Según afirmaron, esas pruebas describen una operatoria coordinada alrededor del lanzamiento y la difusión pública del token.
“Existió un acceso privilegiado a información reservada sobre el lanzamiento del token”, afirmaron los inversores en su presentación. También señalaron que determinadas billeteras virtuales realizaron operaciones millonarias segundos antes de la publicación efectuada desde la cuenta de X del presidente Javier Milei. Para las querellas, esa secuencia debe analizarse como parte de una posible maniobra y no como una fluctuación habitual del mercado.
La causa investiga la intervención del estadounidense Hayden Davis, señalado como creador de $LIBRA, y sus contactos con Milei mediante Novelli y otros intermediarios. Entre los imputados también aparece Manuel Terrones Godoy, socio de Novelli. La pesquisa busca establecer si existieron pagos vinculados con el acercamiento al Presidente y la posterior promoción del proyecto.
El juez sostuvo que una reunión vinculada con el lanzamiento de la memecoin, las eventuales pérdidas de compradores o un supuesto pago de sobornos no implicaban por sí mismos una afectación directa para los inversores. Esa conclusión provocó las apelaciones que ahora analizará la Cámara. Los reclamantes también afirmaron que su legitimación había sido reconocida en instancias judiciales anteriores.
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Mantener el carácter de querellante permite consultar el expediente, proponer pruebas, apelar resoluciones y participar en un eventual juicio oral. La exclusión reduce considerablemente la capacidad de los inversores para intervenir en la investigación. Por esa razón, la decisión de la Cámara tendrá efectos concretos sobre el rumbo procesal del caso.
La composición de la Sala I podría cambiar en las próximas semanas debido a los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo al Senado. Milei propuso al juez en lo penal económico Pablo Yadarola y al propio Bertuzzi para cubrir dos vocalías vacantes. Sin embargo, los trámites demandarían suficiente tiempo para que Bruglia, Llorens y Bertuzzi resuelvan las apelaciones con la integración actual.
La investigación se encuentra delegada en el fiscal federal Eduardo Taiano, quien concentra la producción y evaluación de las medidas pendientes. El expediente deberá establecer si hubo una estafa, tráfico de influencias, pagos irregulares u otras conductas delictivas. La audiencia del 10 de agosto no definirá esas responsabilidades, sino quiénes podrán seguir interviniendo como acusadores particulares.
Fuente Infobae
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