Ley de Semillas: el Gobierno fija el 2027 como plazo para adherir a un tratado internacional

Política15/07/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

Productores y semilleros acercaron posiciones sobre el pago de regalías, pero se mantienen firmes en sus posturas opuestas sobre el alcance de la propiedad intelectual.

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El Gobierno advirtió que mantiene un plazo para resolver la discusión por la Ley de Semillas y que avanzará si las partes no logran un consenso. Una alta fuente oficial consultada tras el último encuentro señaló que la adhesión al tratado internacional UPOV-91 podría concretarse en 2027. Además, la misma fuente calificó a la ley actual como impracticable y sostuvo que es necesario cambiarla.

El principal punto de discordia entre el sector rural y la industria semillera es precisamente la adhesión al convenio UPOV-91, que el Gobierno busca impulsar tras un compromiso con Estados Unidos. La Argentina integra actualmente la UPOV pero bajo el Acta de 1978, considerada más flexible con los derechos de uso propio del productor. La industria, nucleada en la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), apoya el nuevo tratado, mientras que los ruralistas prefieren mantenerse en el marco de 1978.


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La propuesta consensuada por las entidades rurales, según explicó la presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, busca exceptuar del pago de regalías al 80% de los productores. Este universo, que representa el 20% de la producción total, incluiría a quienes exploten hasta 500 hectáreas, considerando el conjunto de los cultivos. El 20% restante de los productores, que concentra el 80% de la producción, pagaría el uso propio por tres años.

Por su parte, la Asociación de Semilleros Argentinos presentó una alternativa con un alcance de excepcionalidad diferente, que cubriría aproximadamente el 24% de la producción nacional. Según los cálculos de la FAA, este esquema solo alcanzaría a productores de hasta 47 hectáreas, lo que representa menos del 50% de los agricultores. La propuesta de ASA se enfoca en los cultivos de soja, trigo y arroz.


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A pesar de las diferencias, en la reunión se registró un “acercamiento” y un primer punto de coincidencia entre ambas partes. Tanto los ruralistas como los semilleros entendieron y aceptaron que debe haber productores exceptuados del pago de la regalía. Además, se planteó la posibilidad de instrumentar estos criterios utilizando herramientas ya disponibles, como el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) y el registro de Grandes Usuarios de Semillas (GUS) del Inase.

El encuentro fue convocado por la Secretaría de Agricultura y contó con la participación de su titular, Sergio Iraeta, y del presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase), Martín Famulari. También estuvo presente Eugenio Marí, subsecretario de Reformas Estructurales del Ministerio de Desregulación. Del lado del sector privado asistieron representantes de la Mesa de Enlace, ASA, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (Casem).


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Una de las principales objeciones del sector rural al nuevo tratado fue detallada por Andrea Sarnari, quien marcó el alcance que UPOV-91 otorga al derecho del obtentor. La presidenta de la FAA remarcó que ese es uno de los motivos centrales de la oposición de la entidad que representa. «UPOV-91 dice que el derecho del obtentor alcanza a la semilla, a la multiplicación y hasta el producto final. O sea, los granos», explicó la dirigente.

Como parte de la negociación, se acordó la organización de dos nuevos encuentros técnicos para continuar el debate. Gustavo Gaich, en representación de Coninagro, detalló que una reunión será con profesionales del INTA para tratar el tema de las variedades esencialmente derivadas. El otro encuentro se realizará con directivos de UPOV para discutir sobre patentamiento y el alcance sobre el producto de la cosecha.


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Las entidades rurales también vincularon la discusión con la situación económica general que enfrenta la producción agrícola. Plantearon que no se puede debatir un nuevo régimen de pago por el uso de la semilla sin considerar el contexto actual del sector. En ese sentido, remarcaron que siguen existiendo las retenciones y una alta carga impositiva que genera rentabilidades “muy chiquititas”.

Fuente: LA NACION.

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