
La iniciativa del intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, establece un pago anual por cada molino y es calificada de 'inconstitucional' por las empresas.

El municipio de Olavarría impulsa el cobro de un pago anual de unos US$ 5.200 por cada aerogenerador instalado en su territorio. Esta iniciativa reavivó un fuerte debate en el sector de las energías renovables sobre los límites de la presión tributaria municipal. El proyecto fue enviado por el intendente peronista, Maximiliano Wesner, al Concejo Deliberante local para su tratamiento.
El gravamen se enmarca en la creación de una tasa de Seguridad e Higiene específica para los parques eólicos. Sin embargo, las compañías del sector aseguran que la medida es “inconstitucional” al no tener una contraprestación de servicio clara. Por este motivo, la califican como una especie de “impuesto al viento”.


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Desde una de las compañías consultadas sostuvieron que «la municipalidad carece de facultades, recursos y competencias técnicas para prestar el servicio que justificaría el cobro de una tasa de Inspección, Seguridad e Higiene, ya que la actividad de generación eléctrica se encuentra regulada y fiscalizada por organismos nacionales competentes». La discusión sobre la jurisdicción se vuelve central en el reclamo empresario. De esta manera, cuestionan la legalidad del avance del gobierno local sobre su actividad.
Además, las empresas advirtieron sobre el impacto económico directo que una medida de este tipo tendría sobre la viabilidad de los proyectos. Al respecto, agregaron que «los parques eólicos operan con factores de capacidad que, en promedio, rondan entre el 45% y el 50%, debido a la variabilidad natural del viento. La generación efectiva es significativamente inferior a la potencia instalada, por lo que cualquier incremento en la carga tributaria impacta de manera directa sobre la viabilidad económica de los proyectos».
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El debate se produce en un contexto de alta incertidumbre regulatoria para el sector de las energías renovables. La estabilidad fiscal que garantizaba el artículo 17 de la Ley 27.191 para estos proyectos expiró el 31 de diciembre de 2025. Actualmente, un proyecto del Gobierno para extender esa protección hasta el año 2045 todavía no ha conseguido el respaldo legislativo necesario en el Congreso.
Existe un antecedente judicial relevante en Puerto Madryn, donde las generadoras de energía renovable acudieron a la Justicia por una situación similar. En ese caso, lograron obtener un fallo a su favor que actualmente las exime de realizar este tipo de pagos municipales. Este precedente es uno de los principales argumentos que esgrimen las compañías.
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El intento de Olavarría no es el primero, ya que inicialmente se propuso instalar una tasa sobre la facturación, algo a lo que las empresas se negaron de forma rotunda. La contrapropuesta empresaria fue un esquema basado en los megawatts (MW) instalados, un modelo que ya se utiliza en varias usinas térmicas del país. Sin embargo, el municipio optó finalmente por el gravamen por cada aerogenerador.
Este último mecanismo genera otra disputa técnica, ya que existen distintos tamaños de aerogeneradores en el mercado. Como consecuencia, los molinos más chicos y de menor potencia terminan sufriendo una carga tributaria proporcionalmente mucho mayor que los más grandes. Otro punto de conflicto es que muchos parques están en zonas rurales y no dentro del ejido urbano, aunque la legislación bonaerense suele aplicar impuestos sobre todo el territorio.
Por otra parte, no existe un consenso unificado entre todas las firmas del sector eólico respecto a cómo proceder. Mientras algunas compañías se muestran mucho más cerradas al diálogo con el intendente por considerar el planteo “completamente ilegal”, otras están dispuestas a negociar. Estas últimas consideran que un esquema acordado con los gobiernos locales puede ser razonable si existe previsibilidad y el canon es adecuado.
Fuente: Forbes Argentina.
















