La pesquisa sigue la ruta de más de USD 300 millones ligados a contratos internacionales y suma pedidos sobre teléfonos, correos y archivos digitales.
Un operativo atribuido al FBI modificó el regreso de la delegación argentina desde Nueva York y trasladó el conflicto financiero de la AFA al terreno de la evidencia digital. Según la información difundida por Infobae y TN, agentes federales demoraron a Claudio “Chiqui” Tapia en el aeropuerto JFK y solicitaron teléfonos, computadoras y otros dispositivos pertenecientes a miembros de la comitiva. El vuelo chárter AR 1971, previsto inicialmente para las 6, despegó cerca de las 8.15.
La actuación no quedó limitada al aeropuerto. Tapia deberá presentarse el 30 de julio ante la Corte del Distrito Sur de Florida, de acuerdo con la documentación judicial citada por medios argentinos. La convocatoria también comprende a Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni, aunque por el momento no se informaron imputaciones ni acusaciones penales formales en Estados Unidos.
La AFA rechazó la versión mediante una comunicación firmada por el abogado Gregorio Dalbón. “Es rotundamente falso”, sostuvo el letrado, quien agregó que “ninguno de los episodios descriptos tuvo lugar”. La negativa abre una contradicción central entre la información atribuida a fuentes judiciales estadounidenses y la posición oficial de la entidad.
Los dispositivos adquieren relevancia porque podrían contener comunicaciones, archivos, correos y registros vinculados con los contratos internacionales de la asociación. De confirmarse la incautación, el material permitiría contrastar conversaciones internas con extractos bancarios, documentos societarios y testimonios reunidos previamente. Esa lectura constituye una inferencia sobre el posible uso procesal de los equipos y no implica que su contenido pruebe un delito.
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El centro de la pesquisa es TourProdEnter LLC, la sociedad administrada por Javier Faroni y Erica Gillette. La empresa fue designada como agente exclusivo para cobrar contratos internacionales de la AFA y gestionar ingresos provenientes de patrocinadores, amistosos, derechos comerciales y otros negocios de la Selección. El convenio también contemplaba comisiones por la intermediación y por tareas logísticas.
Los investigadores intentan reconstruir operaciones por una cifra superior a los USD 300 millones que circularon mediante el sistema financiero estadounidense. La documentación analizada identificó cuentas vinculadas con la operatoria en Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank. Solamente por esta última entidad pasaron USD 13.554.200,64 en menos de un año, según los registros incorporados a litigios en Estados Unidos.
Los movimientos no siguieron un único recorrido. Parte del dinero ingresaba desde empresas relacionadas con acuerdos comerciales de la AFA y otra parte provenía de transferencias entre cuentas de la propia TourProdEnter. En numerosos casos, los fondos permanecían entre 24 y 72 horas antes de salir hacia otros destinatarios.
Junto con pagos compatibles con vuelos privados, transporte, combustible, consultorías y organización de eventos, aparecieron giros hacia sociedades cuya actividad comercial conocida era reducida. Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer recibieron en conjunto USD 3.171.800 desde la cuenta de PNC Bank, según la documentación reconstruida por Infobae. Varias compartían domicilios, agentes registrales u oficinas virtuales y algunas dejaron de operar luego de que el circuito comenzó a difundirse.
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Una parte importante de esos registros salió a la luz mediante procedimientos de discovery autorizados por tribunales estadounidenses. El empresario Guillermo Tofoni, enfrentado judicialmente con la AFA por negocios vinculados con partidos amistosos, obtuvo documentación bancaria dentro de esos litigios. Luego fue convocado en Miami por agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia para aportar información sobre el movimiento de los fondos.
La reunión con Tofoni se extendió durante más de dos horas y marcó el paso desde una disputa comercial hacia una revisión federal más amplia. Las autoridades buscan determinar cómo funcionó la estructura, qué sociedades intervinieron y quiénes recibieron finalmente determinadas transferencias. También deben establecer si alguna conducta puede encuadrarse en figuras como fraude financiero o lavado de activos bajo la legislación estadounidense.
La investigación quedó a cargo de fiscales con experiencia en delitos económicos. Los nombres difundidos son Patrick Gushue y Christopher Ting, con funciones en Washington, y Michael Berger, integrante de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida. Gushue pertenece a la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia, mientras Berger intervino en causas complejas de lavado de dinero.
El estado procesal obliga a distinguir investigación de culpabilidad. Los primeros procedimientos fueron descriptos como parte de una etapa preliminar destinada a reunir testimonios, documentos bancarios y registros societarios antes de decidir si corresponde abrir una causa criminal formal. Hasta el momento no se comunicaron cargos formales contra Tapia, Toviggino, Faroni, Lucero o Gillette en Estados Unidos.
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El caso también tiene ramificaciones en la Argentina. La Justicia Federal de Campana concentra una investigación sobre el vínculo entre la AFA y TourProdEnter, luego de que otros juzgados entendieran que existía conexión entre los expedientes. Allí se examina el presunto desvío de fondos administrados por la empresa radicada en Florida.
La posible obtención de los teléfonos cambia la dimensión práctica de la pesquisa porque incorpora una fuente de información diferente de los movimientos bancarios. Los fiscales podrían buscar coincidencias entre fechas, instrucciones, beneficiarios, contratos y transferencias ya identificadas, aunque ese análisis dependerá de las autorizaciones judiciales y del contenido efectivamente recuperado. La evidencia digital deberá ser examinada y validada antes de sostener cualquier responsabilidad individual.
La comparecencia prevista en Florida será el próximo momento relevante para conocer el alcance real de las medidas. Allí podrá aclararse si las convocatorias corresponden a testimonios, pedidos documentales u otro tipo de actuación y qué obligaciones concretas recaen sobre cada persona mencionada. Hasta entonces, la investigación estadounidense, la negativa de la AFA y las actuaciones argentinas convivirán sin una resolución que cierre la controversia.
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