El Gobierno impulsa reforma para vías navegables y la oposición presenta su propio proyecto
Política26/07/2026
REDACCIÓNLa iniciativa oficialista desregula transporte (cargas/pasajeros), flexibiliza tripulación y elimina aranceles a buques extranjeros para bajar costos.
El Gobierno Nacional impulsa una modificación en la Ley de Cabotaje que busca desregular el transporte fluvial y marítimo local. Esta reforma, anunciada por el presidente Javier Milei, pretende reducir significativamente los costos logísticos y potenciar la actividad de los puertos del país. El objetivo principal es solucionar la falta de barcos locales suficientes para mover la producción interna, incrementando la oferta de bodegas.
El presidente Milei se refirió al proyecto este domingo durante su discurso ante la Sociedad Rural Argentina (SRA). La iniciativa, impulsada por legisladores oficialistas y bloques aliados, apunta a otorgar permisos temporarios a buques extranjeros para operar en el cabotaje. Desde el Poder Ejecutivo se busca una reforma integral de las normas de navegación para generar facilidades logísticas.
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En ese marco, la modificación de la Decreto-Ley N° 19.492/44 impactará directamente en la apertura del transporte de cargas y pasajeros entre puertos argentinos a buques de bandera extranjera. Asimismo, flexibilizará las exigencias actuales sobre la tripulación nacional, adaptando los requisitos a las nuevas condiciones de operación. Estas medidas forman parte de una estrategia para desregular completamente el sector y fomentar la competitividad.
Por otra parte, la normativa elimina la obligación de contar con tripulación local durante los primeros 90 días de operación de los buques foráneos. Posteriormente, se prevé una escala gradual para alcanzar un piso del 75% de personal nacional al año de la actividad. En paralelo, las embarcaciones de otras banderas podrán operar el cabotaje fluvial y marítimo local mediante autorizaciones temporarias.
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Además, la reforma elimina los aranceles de importación para la compra de barcos nuevos o con hasta 20 años de antigüedad. Esta medida específica busca incrementar directamente la oferta de bodegas disponibles para el transporte. La meta del Gobierno es reducir el gasto logístico en la hidrovía y las economías regionales, dinamizando así el comercio interno y externo.
En contraste con la propuesta oficialista, bloques opositores también han presentado sus propios proyectos vinculados a la navegación. En el caso de Unión por la Patria, la diputada nacional Agustina Propato impulsó una iniciativa para declarar a la Vía Navegable Troncal del Río Paraná como bien de Interés Público Nacional. Este proyecto busca establecer un Objetivo de Valor Estratégico para dicha vía navegable.
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Contrariamente a la visión del Gobierno Nacional, esta normativa de la oposición pretende frenar el avance de las privatizaciones en el sector fluvial. La propuesta busca garantizar que el control operativo, el dragado y la administración del comercio exterior permanezcan bajo la órbita de la soberanía del Estado argentino. La diputada Propato enfatizó la importancia de proteger estos aspectos estratégicos para el país.
En ese sentido, el proyecto de Unión por la Patria establece el tramo comprendido entre el kilómetro 1.238 (Confluencia) y las aguas profundas del Río de la Plata como infraestructura crítica nacional indispensable. Esta calificación busca limitar la entrega de recursos estratégicos a consorcios privados extranjeros. La iniciativa opositora subraya la necesidad de preservar el control estatal sobre una vía fluvial considerada vital para el desarrollo nacional.
En tanto, la confrontación de proyectos demuestra la polarización en el debate sobre la gestión de las vías navegables en Argentina. Mientras el oficialismo busca la desregulación y la atracción de inversión extranjera, la oposición se enfoca en la soberanía y el control estatal. Ambas propuestas plantean visiones distintas para el futuro del transporte y la logística fluvial y marítima del país.
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