Cercan a la flota china: aplican multas millonarias a dos buques por pescar de forma ilegal en mar argentino

La presión sobre la Milla 201 y las incursiones no autorizadas dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) tuvieron un nuevo capítulo de alta tensión en el Atlántico Sur. En un procedimiento de fiscalización y rastreo sobre el caladero nacional, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca —dependiente del Ministerio de Economía— detectó a dos buques poteros de bandera de la República Popular China faenando sin permiso dentro de las aguas jurisdiccionales del país. La detección temprana de las maniobras irregulares derivó en la apertura inmediata de expedientes infraccionales que concluyeron con un duro castigo financiero a la corporación asiática propietaria de ambas unidades.

El instrumento legal para golpear la rentabilidad de las embarcaciones fue la aplicación estricta del régimen de Unidades de Pesca (UP), el mecanismo normativo que ataca el beneficio económico de la pesca no declarada ni reglamentada mediante montos actualizables. Las autoridades marítimas sancionaron a los buques identificados como BAO FENG y BAO WIN con una penalización de un millón de UP a cada uno. Sumadas las dos infracciones registradas dentro del espacio soberano, el monto acumulado que deberá abonar la firma extranjera supera los 2.700 millones de pesos, lo que equivale a un desembolso superior a los 1,8 millones de dólares a la cotización oficial.

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El procedimiento puso en evidencia la importancia de los sistemas de monitoreo satelital y el posicionamiento automático que controlan el límite exterior de la plataforma continental. A diferencia de otros episodios donde los buques infractores logran escapar hacia aguas internacionales antes de ser abordados, la identificación precisa de las coordenadas operativas de las embarcaciones de la empresa china permitió sustanciar la infracción a la legislación pesquera argentina sin margen para el desconocimiento administrativo por parte de los armadores.

La confirmación de las sanciones fue difundida por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien buscó enviar un mensaje político hacia las flotas que operan en la periferia del mar argentino. Al hacer público el resultado del expediente, el funcionario remarcó que "Argentina reafirma su política de tolerancia cero frente a la pesca ilegal" y sostuvo que el cobro de estas sanciones por parte del Ministerio de Economía forma parte de las acciones orientadas a la "defensa de la soberanía sobre sus recursos marinos y en la protección de la sustentabilidad pesquera" frente al saqueo del caladero por parte de flotillas extranjeras.

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El caso cobra relevancia por tratarse de dos buques pertenecientes a la misma casa matriz en China, una de las potencias pesqueras con mayor presencia de embarcaciones en el Atlántico Sur durante las zafras del calamar y la merluza. El cobro efectivo de la sanción económica no solo representa un antecedente punitivo sobre la soberanía del mar argentino, sino que vuelve a poner bajo la lupa la necesidad de mantener patrullajes constantes y controles de radionavegación para evitar que el cruce furtivo de la frontera marítima siga erosionando la biomasa de la región.