Organizaciones sociales y sindicales elevan el tono contra el FMI y el Gobierno

Las dos CTA, UTEP y otras entidades movilizan al Ministerio de Economía y planean un paro general contra políticas económicas de ajuste.

El acuerdo de las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la CGT para unirse a la marcha de jubilados el pasado 22 de julio frente al Congreso marca una escalada en las protestas sociales. Estas acciones se enmarcan en un plan de lucha conjunto contra las políticas de ajuste y las directivas del Fondo Monetario Internacional (FMI). Las organizaciones sindicales y sociales intensifican su rechazo a las medidas económicas de la gestión de Javier Milei con nuevas movilizaciones.

En este marco, las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) encabezan una importante concentración. La protesta se realizará este lunes a las 14 en el Ministerio de Economía, sumando a otras organizaciones sociales y políticas. El objetivo principal de la movilización es expresar un firme rechazo a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y a la visita de su directora, Kristalina Georgieva.

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El rechazo a los pactos con el FMI se fundamenta en sus supuestos efectos adversos sobre la población argentina. Las entidades argumentan que las condiciones impuestas por el organismo generan mayor pobreza, imponen ajustes fiscales y destruyen el poder adquisitivo de los ciudadanos. Además, denuncian una precarización del trabajo como consecuencia directa de estos acuerdos financieros.

Por otra parte, los sindicatos y movimientos sociales perciben al FMI como un co-gobernante que interfiere en la soberanía nacional. Sostienen que el organismo prioriza los intereses financieros internacionales por encima del bienestar social y el desarrollo autónomo de la Argentina. Estas organizaciones critican que las directivas de Washington subordinan el Congreso Nacional y las políticas internas del país.

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En ese marco, las organizaciones denuncian que las metas fiscales del FMI establecen «techos a las paritarias». Esta situación provoca que los salarios de los trabajadores y los haberes jubilatorios queden «muy por debajo de la inflación», afectando directamente el poder de compra. Asimismo, señalan que los esquemas del Fondo«exigen» reducir el gasto público al Gobierno nacional, lo cual tiene un impacto directo en la vida cotidiana.

En paralelo, esta reducción del gasto público se relaciona de forma directa con los aumentos significativos de tarifas de servicios públicos y transporte. Las agrupaciones desestiman cualquier fórmula de movilidad o exigencia del organismo internacional que implique una merma en los haberes de la seguridad social. También rechazan los despidos en el sector público y la eliminación de programas de asistencia social bajo la meta de déficit cero.

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Las entidades se niegan taxativamente a las reformas que buscan flexibilizar o suspender los derechos laborales ya adquiridos. Consideran que estas reformas, presentadas bajo la excusa de la «modernización», representan un retroceso para los trabajadores. Asimismo, cuestionan las auditorías trimestrales que realiza el organismo, argumentando una injerencia indebida en la política interna.

La experiencia histórica de los préstamos del FMI también es objeto de fuerte crítica por parte de estas organizaciones. Sostienen que créditos como el otorgado en 2018 y las posteriores refinanciaciones no se tradujeron en desarrollo productivo. Por el contrario, califican la deuda como una «carga impagable a expensas de la pobreza popular», señalando una fuga de capitales.

Las organizaciones ratificaron además su participación en la tradicional movilización de San Cayetano el próximo 7 de agosto. Semana atrás, las dos CTA y la CGT acordaron unificar acciones y llevar adelante un plan de lucha conjunto contra las medidas económicas de ajuste. En este contexto, planean avanzar con nuevas medidas de fuerza, incluyendo la posibilidad de un paro general a nivel nacional.