Canadá comprometió u$s308 millones para 38 proyectos de infraestructura minera y energética
Actualidad28/07/2026
REDACCIÓNEl país lanzó un plan estratégico para fortalecer su producción de minerales críticos, con financiamiento, agilización de permisos y participación indígena.
El Fondo de Infraestructura para Minerales Críticos (CMIF) de Canadá ya comprometió fondos por aproximadamente 308 millones de dólares para el desarrollo de 38 proyectos distribuidos en todo el país. Según estadísticas oficiales actualizadas a marzo de 2026, la cartera de iniciativas abarca 19 minerales críticos, como litio, cobre, níquel, cobalto y tierras raras. La medida forma parte de una política de Estado para consolidar a la nación como un proveedor estratégico en las cadenas de suministro globales.
La principal herramienta de esta estrategia es el CMIF, un programa federal dotado de 1.500 millones de dólares canadienses, equivalentes a unos 1.090 millones de dólares, que estará vigente hasta el 31 de marzo de 2030. Su objetivo es financiar infraestructura de transporte y energía limpia para expandir la producción minera, asumiendo parte del riesgo que vuelve inviables muchas inversiones privadas por los altos costos de obras como rutas o líneas eléctricas.
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El fondo opera mediante dos grandes líneas de financiamiento. Una de ellas es un esquema de aportes para infraestructura, que actualmente moviliza 365 millones de dólares para proyectos en etapa de preconstrucción o listos para comenzar. La segunda es un programa de subvenciones para pueblos indígenas, con un presupuesto cercano a los 2,2 millones de dólares, para fortalecer la participación de las comunidades originarias en la planificación y desarrollo de estas iniciativas.
La participación de los pueblos originarios es un pilar fundamental del plan canadiense, que busca que no solo sean actores consultados, sino también socios económicos. Un hito en este modelo fue la adquisición de la histórica mina Minto por parte de la Primera Nación Selkirk, la primera vez que una empresa de propiedad mayoritariamente indígena asumió el control de una operación minera. Otro ejemplo es el proyecto vial y portuario de Grays Bay, desarrollado bajo una asociación de propiedad inuit.
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Los proyectos aprobados hasta la fecha incluyen ocho listos para iniciar su construcción y 30 en fase de preconstrucción. Del total, 21 corresponden a infraestructura energética, 12 a transporte y cinco combinan ambas categorías. Entre las obras financiadas se destacan la expansión hidroeléctrica de Taltson, la interconexión eléctrica entre Yukón y Columbia Británica, y nuevas rutas para proyectos como Galore Creek, Baptiste y Pink Lithium-Tantalum.
Además de la inversión directa, la estrategia canadiense se enfoca en agilizar los procesos burocráticos a través de la Oficina de Grandes Proyectos (MPO). Este organismo funciona como una ventanilla única que coordina a los ministerios y agencias regulatorias para simplificar los trámites. El gobierno federal se fijó como meta reducir a aproximadamente dos años el tiempo necesario para obtener permisos federales para grandes proyectos.
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La MPO ya incorporó iniciativas estratégicas de gran escala, como el Proyecto Hidroeléctrico Iqaluit Nukkiksautiit, diseñado para abastecer de energía limpia al norte del país y reducir la dependencia del diésel. También gestiona el Arctic Security and Economic Corridor, un corredor que combina objetivos económicos, logísticos y de defensa nacional en la región ártica, como parte de una estrategia para transformar esa zona en un nuevo polo de desarrollo.
En paralelo, las provincias avanzan con sus propias reformas, como en Ontario, que convirtió en ley el modelo One Project, One Process. Esta reforma centraliza las aprobaciones mineras en una única ventanilla, buscando reducir los tiempos de tramitación hasta en un 50%. La industria también impulsa el programa Towards Sustainable Mining (TSM), un exigente estándar ESG que obliga a las compañías a publicar indicadores verificables y someterlos a auditorías independientes.
Para abordar problemas específicos de conexión, el gobierno también creó el First and Last Mile Fund. Este nuevo fondo está pensado para cubrir las brechas de infraestructura que separan un proyecto en exploración de una futura operación comercial. Su objetivo es financiar los últimos kilómetros que conectan una mina con la red de infraestructura regional, tramos que suelen representar inversiones muy elevadas para una sola empresa.
Fuente: Energy Report / Ámbito.
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