La aerolínea de bajo costo afronta una crisis operativa con solo tres aviones activos, por lo que la ANAC de Argentina la intimó a presentar un plan de acción.
La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil aplicó una medida cautelar administrativa contra Flybondi y restringió la venta de sus pasajes. La decisión se tomó tras constatar que la compañía canceló el 79% de los vuelos programados hacia ese país entre el 1 y el 27 de julio. La medida prohíbe a la empresa incorporar nuevos destinos o aumentar frecuencias en territorio brasileño.
Además, la autoridad brasileña suspendió la comercialización de tickets para las rutas a Florianópolis, Maceió y Salvador, que aún no habían comenzado a operar. También se advirtió que si Flybondi no demuestra haber corregido sus problemas operativos antes del 3 de agosto, podría limitarse la venta para la conexión Buenos Aires–Río de Janeiro. La normativa brasileña obliga a la aerolínea a brindar asistencia, reubicación sin costo o reintegros a los pasajeros afectados.
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El deterioro operativo de la aerolínea se refleja en cifras contundentes. Durante julio, el nivel de cancelaciones domésticas de Flybondi alcanzó el 75,73%, con una puntualidad de apenas 7,32%. La crisis se extiende a lo largo del año, ya que desde comienzos de 2026 la empresa suspendió más del 20% de sus servicios programados.
En ese marco, la senadora mendocina Mariana Juri, presidenta de la Comisión de Turismo, presentó un pedido de informes ante la ANAC argentina. En el documento detalla que, de los 10.204 servicios programados en lo que va del año, 2.081 fueron suspendidos. La flota efectiva se redujo de un promedio de 19 aeronaves activas por día a solo tres aviones operativos diarios.
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La reacción de Brasil impulsó la respuesta del gobierno argentino. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) intimó a Flybondi a presentar en pocos días un plan de acción por escrito. El organismo le exige detallar con cuántas aeronaves prevé operar, cuál será su programación de vuelos y cuántos pasajes comercializó en función de esa capacidad para verificar la consistencia de su grilla.
El organismo argentino aclaró que la legislación local no contempla la suspensión cautelar de la venta de pasajes como en Brasil. Sin embargo, advirtió que si del análisis del plan surgen incumplimientos vinculados con la seguridad, puede adoptar medidas como la inmovilización de aeronaves. También se aplicarán sanciones ante afectaciones a los derechos de los pasajeros, como sobreventa o falta de asistencia.
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Por otra parte, el grupo COC Global, dueño de la aerolínea y de OCA, evalúa un posible rebranding de la compañía bajo la marca “OCA Air”. Esta maniobra alimenta la percepción de que la crisis podría derivar en un cambio de nombre en lugar de una solución estructural a los problemas operativos. Mientras tanto, los pasajeros enfrentan el riesgo de quedar varados y afrontar largos procesos de reclamo.
Si la crisis se prolonga y el plan de acción no convence a las autoridades, el escenario más duro contempla la inmovilización total o parcial de la flota. Esta medida dejaría a Flybondi prácticamente fuera de operación y obligaría a redistribuir su demanda entre otras aerolíneas, con un posible impacto en las tarifas y la competencia del mercado aéreo.
La respuesta regulatoria de las autoridades argentinas será clave en las próximas semanas. De ella dependerá si este caso se convierte en un precedente de protección efectiva para los usuarios o en un ejemplo de cómo una crisis empresarial puede afectar a miles de personas sin que haya consecuencias proporcionales para la compañía responsable.
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