Fin a la obra social de las Fuerzas Armadas: la dura historia de cortes de servicios, cirugías y suspensión de tratamientos médicos

El Gobierno oficializó el cierre de IOSFA por DNU y la reemplazará por dos nuevas obras sociales, para militares y para fuerzas de seguridad.

El Gobierno dispuso la disolución de la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2026. Documentos oficiales presentados ante el Congreso detallaron que la deuda ascendía a $248.600.811.333,39 al 31 de marzo de 2026.

La crisis financiera impactó directamente en los casi 600.000 afiliados, entre personal en actividad, retirados y sus grupos familiares. Durante el colapso de la entidad se registraron cortes de servicios en distintas provincias, suspensión de cirugías, demoras en la entrega de medicamentos de alto costo y la interrupción de tratamientos oncológicos y para enfermedades crónicas.

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Uno de los casos más extremos fue el del suboficial retirado Carlos Héctor Velázquez, de 77 años, quien se suicidó en San Juan después de que le suspendieran su tratamiento oncológico por la falta de cobertura. Además, durante 2025 se registraron 2.200 renuncias de efectivos militares y de seguridad, una situación vinculada al deterioro de la obra social y a las condiciones salariales.

La situación financiera de IOSFA experimentó un drástico deterioro en poco tiempo, pasando de registrar un superávit de $2.960 millones a fines de 2023 a un colapso total. Según datos difundidos por el periodista Alberto Valdez, entre marzo y diciembre de 2024 el pasivo se habría incrementado de $70.000 millones a $141.000 millones.

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Entre las causas de la crisis, la administración libertaria atribuyó el quebranto a un período de “precios pisados” durante la gestión anterior que impidió actualizar aranceles. Por otra parte, distintas fuentes periodísticas y sindicales apuntaron a un presunto “vaciamiento” y a gastos suntuarios y compras cuestionadas durante la gestión actual.

Un factor central en el crecimiento de la deuda fueron los aportes patronales impagos por parte de Gendarmería y Prefectura desde 2017. Distintos informes señalan que aproximadamente el 65% del pasivo total correspondía a contribuciones adeudadas por estas fuerzas de seguridad, una cifra que rondaba los $130.450 millones.

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El decreto que disuelve IOSFA establece un período de transición hasta el 4 de febrero de 2027 para completar la división definitiva. Durante este lapso, IOSFA funcionará como una entidad “residual” encargada de liquidar la deuda y realizar el traspaso de los afiliados a las dos nuevas obras sociales: OSFA para el personal militar y otra para las fuerzas de seguridad.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad firmó un convenio con una empresa de medicina prepaga para dar una cobertura provisoria a su personal. Por su parte, el Ministerio de Defensa apostó por la rápida puesta en marcha de OSFA, aunque se reportaron demoras y falta de estructura. El oficialismo también aclaró que el Tesoro Nacional se haría cargo de la deuda con el propio Estado, como los hospitales militares.

En el plano político, la situación generó un conflicto entre los ministerios de Defensa y Seguridad sobre quién debía asumir la mayor parte del pasivo. Las Fuerzas Armadas iniciaron un proceso para regularizar su porción de la deuda, estimada en unos $81.000 millones, mientras que los $160.000 millones correspondientes a las Fuerzas de Seguridad quedaron pendientes por la resistencia de Gendarmería y Prefectura a saldar sus contribuciones.