María Dora González es una de los primeros magistrados en solicitar permanecer en su cargo tras cumplir 75 años, luego de un fallo que fue recusado por la CGT.
El Gobierno nacional puso en vigencia este miércoles 12 de agosto un nuevo reglamento para el nombramiento de jueces que alcancen los 75 años de edad. La normativa establece que los magistrados que pretendan un nuevo nombramiento deberán requerirlo ante el Ministerio de Justicia durante el año anterior a cumplir esa edad.
En ese marco, este jueves se oficializó en el Boletín Oficial la solicitud de la jueza María Dora González, vocal de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Junto a su pedido se presentó el del juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de San Nicolás, siendo ambos los primeros en iniciar el trámite bajo la nueva reglamentación.
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La jueza González, junto con su compañero de Cámara Víctor Arturo Pesino, fue quien dejó sin efecto la medida cautelar del juez Horacio Ojeda que frenaba la reforma laboral. La decisión de ambos magistrados restableció 82 artículos del proyecto impulsado por el Gobierno.
Tras aquella medida, la Confederación General del Trabajo (CGT) recusó a ambos magistrados “con causa” por considerar que habían incurrido en “prejuzgamiento”. La central obrera argumentó que los jueces habían adelantado su opinión al sostener que la nueva normativa no afectaba a trabajadores “socialmente vulnerables”.
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Por otra parte, la CGT también cuestionó en aquel entonces que Pesino había obtenido “un beneficio a todas luces mayúsculo” del Gobierno tras restablecer la reforma. La crítica se basó en que el magistrado inició su propio trámite para continuar como vocal al cumplir los 75 años.
González y Pesino también estuvieron involucrados en otra decisión judicial relevante al anular las elecciones de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). A raíz de presuntas irregularidades, dispusieron una intervención judicial del gremio que derivó en el desplazamiento del secretario general Abel Furlán.
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Según el nuevo reglamento, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, los jueces que soliciten su continuidad deberán adjuntar una declaración jurada patrimonial. Además, el Ministerio de Justicia tiene la potestad de pedir un informe a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre su situación fiscal.
En caso de que el Poder Ejecutivo no eleve la propuesta de continuidad o que el Senado no apruebe el pliego correspondiente, el procedimiento establece los pasos a seguir. El área comandada por Juan Bautista Mahiques notificará al Consejo de la Magistratura, a la Procuración General de la Nación o a la Defensoría General de la Nación para que inicien el concurso destinado a cubrir la vacante.
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