
El Gobierno busca revertir en Estados Unidos la condena de US$390 millones por la expropiación de Aerolíneas
Actualidad19/08/2026
REDACCIÓNLa Procuración del Tesoro presentó un pedido de revisión ante la Cámara de Apelaciones para discutir plazos y ejecución, buscando postergar el pago de la deuda.

La Procuración del Tesoro presentó un pedido de revisión ante la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, para intentar evitar el pago de casi US$400 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. Esta medida busca reexaminar aspectos procesales y el plazo de prescripción de la condena, abriendo una ventana para discutir su ejecución y los tiempos de pago.
Esta batalla legal representa la última carta del Gobierno argentino en la Justicia estadounidense, en un litigio que se arrastra desde hace más de una década. La estrategia principal apunta a mantener abierta la discusión judicial y a impedir que la condena quede firme y ejecutable sobre activos del país en el exterior.


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El origen de la disputa se remonta al laudo del CIADI dictado en 2017, que condenó a la Argentina a pagar US$321 millones más intereses al grupo español Marsans. Posteriormente, esos derechos fueron adquiridos por el fondo Burford Capital y, finalmente, por Titan Consortium, que hoy reclama US$390,9 millones más intereses acumulados desde diciembre de 2024.
La disputa se trasladó a la Corte de Distrito de Columbia, en Washington, donde Titan solicitó el reconocimiento y la ejecución del laudo. La Argentina intentó frenar este avance alegando que el reclamo estaba prescripto, con un plazo para accionar de tres años, pero el tribunal consideró que el límite era de doce años y reconoció la condena completa, incluyendo intereses y costas.
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En julio, la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó esa decisión y rechazó el planteo argentino sobre la prescripción. Este fallo dejó firme el reconocimiento del laudo, lo que encendió las alarmas en la Casa Rosada al permitir que Titan avance sobre activos argentinos en Estados Unidos para cobrar la suma.
La ofensiva judicial actual está encabezada por el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, junto a su equipo de subprocuradores y a la Secretaría Legal y Técnica. El Gobierno busca replicar la lógica que le permitió obtener un triunfo en el caso YPF, donde la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York rechazó una medida extraordinaria de Burford y evitó una condena por US$18.000 millones.
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En esta nueva batalla, la estrategia no incluye, en principio, un pedido explícito de suspensión inmediata de la sentencia, ya que esa herramienta no encaja del todo en la etapa actual. Sin embargo, el equipo jurídico analiza otras alternativas procesales para ganar tiempo y evitar que Titan avance de manera acelerada sobre los bienes argentinos.
El impacto potencial sobre las cuentas públicas no es menor en un contexto de ajuste fiscal y restricciones externas, ya que desembolsar casi US$400 millones en un solo pago implicaría tensiones adicionales sobre las reservas y el programa económico. Por ello, la estrategia oficial combina argumentos jurídicos con una lectura macroeconómica para preservar la estabilidad financiera.
Este litigio por Aerolíneas Argentinas se suma a otros casos pendientes en tribunales internacionales, como el reclamo de la constructora italiana WeBuild por el congelamiento de tarifas del puente Rosario-Victoria. Cada fallo adverso refuerza las consecuencias judiciales y financieras de las decisiones de política económica estatal.















