Fallo judicial en Nueva York anula la suspensión de visas para ciudadanos de 75 países
Actualidad23/08/2026
REDACCIÓNUna jueza federal consideró que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió sus competencias legales al aplicar la política migratoria del gobierno de Donald Trump.
La agenda migratoria impulsada por Donald Trump recibió un nuevo revés judicial en Estados Unidos. La decisión de una jueza federal de Nueva York pone en discusión los límites de las facultades del Ejecutivo para establecer restricciones generales a la emisión de visas.
Una resolución de la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Jeannette Vargas, dejó sin efecto la medida del gobierno estadounidense que suspendía la tramitación de visas. La magistrada sostuvo que la política impugnada vulnera el marco legal del país.
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En su escrito, Vargas afirmó que la medida impide de manera categórica la emisión de visas de inmigrante en función de la nacionalidad de los solicitantes. «La política, que prohíbe categóricamente la emisión de visas de inmigrante en función de la nacionalidad del solicitante, constituye una vulneración directa de este marco legal», detalló la jueza.
Además, la magistrada cuestionó la interferencia de la decisión del gobierno de Trump con las atribuciones del Congreso. Según el fallo, el poder legislativo otorgó a los funcionarios consulares la responsabilidad de evaluar de manera individual si un inmigrante cumple con los requisitos legales para obtener una visa.
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«El Congreso otorgó a estos funcionarios autoridad exclusiva y discrecional para determinar si un inmigrante cumple los requisitos para obtener un visado, tras evaluar los criterios específicos y detallados establecidos por la ley», señaló la jueza en sus fundamentos.
La política ahora anulada afectaba a ciudadanos de 75 países, entre los que se encuentran Colombia, Uruguay y Cuba. El gobierno estadounidense había anunciado la suspensión de la tramitación de estos visados a principios de este año.
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El argumento del gobierno para aplicar la medida era la necesidad de poner fin al «abuso» del sistema. Según Washington, se buscaba evitar que personas obtuvieran beneficios económicos a costa del pueblo estadounidense mediante el acceso a programas de asistencia social y beneficios públicos.
Esta medida se enmarca en una política más amplia de la administración Trump para endurecer los controles sobre el ingreso y la permanencia de extranjeros en Estados Unidos. En los últimos años, se han ampliado las restricciones migratorias para personas provenientes de distintos países de América Latina y otras regiones.
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