Desde Sierra Grande reclaman que los grandes proyectos energéticos contraten proveedores locales

Las cámaras empresarias alertan que los costos operativos desplazan a los vecinos mientras reclaman que los grandes proyectos energéticos contraten proveedores locales.

El mercado inmobiliario en Sierra Grande y Playas Doradas atraviesa un proceso de saturación que golpea de lleno el bolsillo de los residentes estables. La llegada masiva de operarios para las grandes obras energéticas generó una distorsión de precios donde las cotizaciones pensadas para el presupuesto corporativo dejaron a las familias locales sin margen de acceso a una vivienda. Aunque la habilitación de una infraestructura colectiva para mil personas logró absorber parte de la demanda de operarios, las cotizaciones en el sector privado mantienen valores que desbordan los salarios habituales de la población no ligada directamente a la actividad extractiva.

Esta presión sobre la vida cotidiana convive con un ritmo de obra industrial acelerado que demanda adaptar la mano de obra disponible a los altos estándares exigidos por las multinacionales. Frente a la inminente llegada de buques exportadores de hidrocarburos cuyas tripulaciones operan bajo normativas extranjeras, la provincia debió poner en marcha esquemas de formación orientados a cubrir perfiles técnicos específicos. La iniciativa busca cubrir unos 1.000 cupos de capacitación en inglés técnico para asegurar que las tareas en la franja marítima puedan ser absorbidas por trabajadores de la zona sin recurrir a personal traído de otros puntos del país.

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A lo largo de la franja costera de Punta Colorada, la fisonomía geográfica cambió por completo debido a las maniobras de preparación para el desembarco de las monoboyas de exportación. En ese sector, la contratista Arendal mantiene operativas entre cinco o seis embarcaciones abocadas a la colocación de ductos especiales de 48 pulgadas que quedan sepultados a unos 20 metros por debajo del lecho marino. Para sostener el suministro eléctrico masivo que demandarán las operaciones de bombeo, los equipos técnicos aprovecharon las facilidades edilicias y la potencia instalada de la vieja planta de la ex HIPASAM.

Este acelerado despliegue operativo encendió las alarmas en el entramado comercial e industrial de la región, que busca evitar que la historia de exclusión de otras cuencas productivas vuelva a repetirse. El antecedente reciente del proyecto minero Calcatreu, donde la Secretaría de Trabajo provincial frenó las tareas por incumplir con los pisos legales de contratación regional, puso en guardia a los comerciantes locales. La preocupación central radica en que las corporaciones ingresen con proveedores predeterminados y marginen a las pequeñas empresas que realizaron inversiones para adecuarse a las exigencias normativas.

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La normativa provincial vigente obliga a las firmas que operan en territorio rionegrino a garantizar que el 80% del trabajo es mano de obra local, reservando el margen restante para tareas de alta especialización que no puedan ser cubiertas por residentes. En el sector minero e industrial, la tradición extractiva de la localidad facilitó la disponibilidad de operarios calificados que solían migrar hacia otros yacimientos. Sin embargo, las pequeñas empresas denuncian que los requisitos de homologación resultan excesivos para las estructuras del comercio zonal, dejando los contratos principales en manos de operarios foráneos.

Las gestiones institucionales entre los comerciantes y los ejecutivos locales se mantienen mediante mesas de trabajo quincenales donde se revisa el nivel real de inclusión en los proyectos en marcha. Los representantes del sector comercial sostienen que las adaptaciones exigidas para ingresar a los registros de proveedores demandaron transformaciones estructurales en sus locales y formas de trabajo que hoy no se traducen en facturación directa. El reclamo apunta a evitar que las firmas de mayor escala absorban de manera exclusiva la renta petrolera sin generar un circuito que oxigene al resto de la cadena económica regional.

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Las negociaciones entabladas entre los organismos gubernamentales y las empresas involucradas en las suspensiones de obra todavía no alcanzaron un punto de acuerdo firme. Durante las audiencias laborales de la última semana se constató que las diferencias normativas sobre el compre local y las contrataciones directas siguen sin resolverse en los papeles. Esa falta de entendimiento prolonga la postergación de las empresas locales, que ven transcurrir la fase más intensa de la construcción sin lograr incorporarse formalmente a la nómina de prestadores.

El sector mercantil de Sierra Grande y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios unificaron sus reclamos con sus pares de Ingeniero Jacobacci para que las autoridades hagan cumplir las leyes 5804 y 5805. Según manifestaron voceros del sector productivo en #LA17, “muchas veces esa capacitación o ese esfuerzo no se ve reflejado en la contratación y se traen empresas de afuera”. La falta de mecanismos de control efectivos amenaza con dejar a las pymes zonales al margen del circuito financiero que genera el megaproyecto de exportación.

El avance de las canalizaciones y el montaje de infraestructura pesada continúan a paso firme mientras la comunidad local intenta absorber el impacto en el costo de vida sin perder posición frente a los contratistas externos. Sin una fiscalización estricta sobre las contrataciones y una regulación efectiva sobre el mercado de alquileres, el crecimiento industrial corre el riesgo de consolidar un enclave cerrado que encarezca los servicios básicos sin derramar beneficios duraderos sobre el comercio de la región.