Desalojan de Lago La Plata a un matrimonio que ofrecía auxilio a los turistas en la frontera
Chubut28/08/2026
REDACCIÓNUna resolución de la Justicia civil determinó el desalojo de la cabaña donde residen Sandra Morales y su marido a 120 kilómetros del casco urbano de Alto Río Senguer.
Una resolución de la Justicia civil determinó el desalojo de la cabaña donde residen Sandra Morales y su marido a 120 kilómetros del casco urbano de Alto Río Senguer. La medida judicial fue impulsada por la conducción municipal sobre un predio de 300 metros cuadrados, a pesar de que en el fuero penal ambos pobladores resultaron absueltos tras dictaminarse que no existió ocupación clandestina.
El proceso de expulsión avanza mientras la propiedad del suelo figura en los registros bajo categorizaciones confusas de uso fiscal. En un extenso diálogo con #LA17, Sandra Morales cuestionó el origen del expediente tramitado en los tribunales locales al remarcar que "el juicio me lo hace el municipio, pero la parcela es de alguien privado", agregando que la ocupación se ubica en un sector cordillerano estratégico distante a 15 kilómetros del límite con Chile.
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La presencia del matrimonio comenzó diez años atrás cuando decidieron afincarse en el lote para levantar una estructura de madera, un galpón de acopio y un muelle. Al instalarse en la zona, la pareja se presentó ante el municipio para ofrecer la cabaña como un punto de asistencia a los visitantes que sufren varamientos en las huellas de la cordillera.
La iniciativa comunitaria incluía la atención ad honorem de las emergencias de los viajeros, el rescate de vehículos oficiales empantanados y el mantenimiento del camping comunal de la zona. Las autoridades locales rechazaron la colaboración de los pobladores e iniciaron las acciones judiciales para liberar la fracción de tierra cercana al espejo de agua.
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La tirantez con la dirigencia política derivó en represalias directas sobre la provisión de alimentos del matrimonio en los comercios del pueblo. Según la denuncia formulada por la pobladora en la emisora radial, "los políticos fueron los que salieron a decirle a los comerciantes que no nos vendieran mercadería", una situación que obligó a la pareja a interrumpir las compras en el casco urbano para no comprometer a los almaceneros locales.
La presencia continua de la pareja en la franja fronteriza les permitió observar movimientos irregulares vinculados con la conservación de especies autóctonas en peligro de extinción. Las recorridas de lanchas privadas por el cuerpo de agua coincidieron con la captura de ejemplares de huemules para su posterior traslado hacia la zona de Lago Fontana.
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Las maniobras con fauna protegida y el uso de recursos públicos para trasladar comitivas policiales en embarcaciones particulares generan suspicacias en los pobladores. Para los residentes, la urgencia de las autoridades por concretar el desalojo responde a intereses vinculados con la privatización de las márgenes del lago y el desarrollo de emprendimientos gastronómicos de alto perfil.
La supervivencia en el sector requiere esquemas rígidos de acopio de leña y víveres para afrontar los meses donde la nieve bloquea los accesos terrestres. La provisión de energía eléctrica e internet depende del encendido temporario de un generador a combustible, limitando las comunicaciones a dos ventanas diarias de conexión.
El fallo de desalojo se encuentra apelado mientras el matrimonio intenta frenar la expulsión del terreno donde fijaron su residencia definitiva. Sin el reconocimiento oficial a la función de auxilio que prestan en la cordillera, los pobladores enfrentan la posibilidad inminente de perder las instalaciones construidas en la cabecera del lago.
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