La empresa del Grupo Conarpesa presentó un pedido de Jury contra la magistrada Amorina Úrsula Testino, atribuyéndole mal desempeño y desconocimiento del derecho.
La paralización del buque pesquero J. Barreiro impidió que la empresa Agropez realizara mareas, lo que repercutió directamente en los ingresos de la tripulación y del personal de planta. Según la compañía, cada tres días sin actividad representan unas 20 toneladas de langostino que dejan de producirse, equivalentes a unos US$144.000 en pérdidas.
Agropez S.A., integrante del Grupo Conarpesa, formalizó ante el Consejo de la Magistratura de Chubut un pedido para investigar la actuación de la jueza Amorina Úrsula Testino. La denuncia busca activar el mecanismo de Jury de Enjuiciamiento y determinar si existen causales que justifiquen su destitución.
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La presentación cuestiona decisiones adoptadas en el expediente que culminó con el embargo y la interdicción de salida del buque J. Barreiro. Agropez atribuye a la magistrada presunto mal desempeño de sus funciones, desconocimiento inexcusable del derecho, incumplimiento de obligaciones legales y arbitrariedad.
El planteo fue realizado luego de un anuncio público del presidente de la compañía, Fernando Álvarez Castellano, y se encuadra en los artículos 15 y 16 de la Ley V N° 80 de Chubut. Esta norma regula el procedimiento de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios judiciales, estableciendo las causales para la eventual separación del cargo.
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Uno de los argumentos centrales de la denuncia se relaciona con los fondos ofrecidos por la empresa para sustituir la medida cautelar que inmovilizó el buque. Agropez asegura que puso a disposición dinero suficiente para garantizar el crédito reclamado y evitar la paralización de la nave.
La denuncia sostiene que el expediente judicial mostraba un saldo de $85.768.601,23, mientras que la cautela había sido fijada en $62.062.318,85. La empresa considera que esta diferencia resulta relevante, ya que existían recursos suficientes para garantizar el reclamo sin impedir que el J. Barreiro continuara con su actividad.
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Además, la compañía cuestiona que la jueza dispusiera la transferencia de fondos cuando la liquidación había sido apelada, argumentando que no existía una suma definitiva de la deuda. Otro de los puntos incorporados al pedido de investigación refiere a la caución vinculada con la interdicción, la cual, según Agropez, fue inicialmente establecida por la jueza pero posteriormente habilitada sin exigir su cumplimiento.
La denuncia también enfatiza un incidente ocurrido el 18 de agosto, cuando la propia jueza Testino ordenó levantar el embargo y la interdicción del buque. Sin embargo, el oficio dirigido a Prefectura Naval Argentina fue presentado sin la firma de la magistrada, impidiendo así la liberación inmediata del J. Barreiro.
La compañía sostiene que: «Impedirle navegar significa impedirle desarrollar la actividad para la cual está destinado». Esta situación, sumada a las demás irregularidades señaladas, llevó a la empresa a pedir una evaluación integral del desempeño de la magistrada en el expediente.
Finalmente, el Consejo de la Magistratura deberá analizar la presentación de Agropez y determinar si corresponde abrir una investigación sobre la conducta de la jueza Testino. La empresa solicitó que, de hallarse elementos suficientes, el caso sea remitido al Tribunal de Enjuiciamiento para un proceso de destitución.
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