
Punto por punto, los temas de la Cadena Nacional: “las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho"
Política03/09/2026
REDACCIÓNUn paquete integral de medidas administrativas, presupuestarias, legislativas y diplomáticas fue puesto en marcha para resguardar la soberanía territorial y bloquear cualquier intento de extracción no autorizada de recursos naturales en el Atlántico Sur.



El Presidente, Javier Milei, anunció en cadena nacional, un paquete integral de medidas administrativas, presupuestarias, legislativas y diplomáticas que fue puesto en marcha para resguardar la soberanía territorial y bloquear cualquier intento de extracción no autorizada de recursos naturales en el Atlántico Sur. El plan de acción abarca la firma inmediata de decretos de necesidad y urgencia, el envío de un proyecto de ley con penalidades severas al Congreso y la creación de una nueva estructura institucional que unifica las áreas de economía, defensa e inteligencia bajo una misma doctrina de seguridad nacional.
La medida de aplicación más urgente busca paralizar el desarrollo del proyecto petrolero offshore Sea Lion, una iniciativa operada por las firmas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration que prevé iniciar perforaciones en los próximos meses. Frente a esta situación, el Poder Ejecutivo firmará un decreto para acelerar los procedimientos sancionatorios de la Ley N° 26.659, disponiendo la inhabilitación comercial de las empresas titulares, sus accionistas, directores y proveedores. Al fundamentar el cerco punitivo, Javier Milei fue categórico al señalar que “quienes operan en nuestras Islas a espaldas del gobierno argentino, tendrán que elegir entre una puesta ilegal, en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad”, rematando de forma drástica que “no se pueden hacer las dos cosas”.


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El andamiaje legislativo se completará con el envío urgente del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que endurece las sanciones comerciales y prohíbe a las compañías infractoras y a sus contratistas celebrar contratos con el sector público o privado en el territorio continental. La iniciativa contempla además la aplicación del juicio en ausencia para los directivos corporativos que violen la normativa argentina. El texto normativo establece formalmente la creación del Consejo de Seguridad Nacional, un órgano encargará de fijar “una política de seguridad nacional de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado, articulando Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía”.
El Gobierno solicitará al Congreso de la Nación que le otorgue a dicho Consejo atribuciones coercitivas especiales para responder de forma unificada frente a cualquier agresión exterior. El mandato incluye el diseño de un régimen estricto para la protección de la infraestructura crítica, así como la custodia aeroespacial y marítima del país. Al justificar la necesidad de contar con estas herramientas, el Presidente advirtió que “si hoy no actuamos con firmeza y celeridad en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora”.
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En el terreno de la defensa física, la Casa Rosada dispuso la ampliación de los recursos asignados al Ministerio de Defensa mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, destinando las partidas a la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y al incremento de las capacidades operativas en telecomunicaciones. Esta infraestructura busca transformar a la provincia austral en el polo logístico más relevante de la región y asegurar el monitoreo permanente sobre los espacios marítimos continentales e insulares. Durante la cadena nacional, la máxima autoridad de la Nación enfatizó que “esta base nos convertirá en el Polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina”.
La proyección logística hacia el extremo sur conecta de manera directa con la disputa territorial sobre el continente antártico y el control de los pasajes oceánicos. Al analizar el mapa estratégico global, la conducción del Estado sostuvo que “el mundo se está reconfigurando a velocidades cada vez mayores” y que “las grandes naciones saben que en el futuro deberán competir por los recursos necesarios para alimentar el crecimiento que traerá la era de la Inteligencia Artificial”. En esa línea, el mandatario destacó la posición de ventaja histórica del país afirmando que “en esa disputa la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia” y que “quien tenga mayor proyección sobre el Atlántico Sur, estará en una mejor posición para defender sus intereses”.
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La estrategia gubernamental introduce un quiebre doctrinario al integrar la estabilidad macroeconómica y el desarrollo financiero como pilares fundamentales de la defensa territorial. Según la visión planteada desde la administración central, la capacidad de disuasión frente a potencias extranjeras depende directamente de haber salido del estancamiento económico mediante la quita del cepo cambiario y la atracción de inversiones privadas a través del RIGI. Profundizando esta postura, el Jefe de Estado sostuvo que “debemos entender que la prosperidad es condición necesaria para la seguridad y la seguridad es condición necesaria para la supervivencia”, aclarando que “la seguridad nacional no es solamente la defensa física de nuestro territorio; es aquello que asegura la supervivencia y la prosperidad de la nación a lo largo del tiempo”.
El diagnóstico presidencial remarcó las falencias de las gestiones anteriores en materia de planificación estratégica y equipamiento militar. Al cuestionar el manejo histórico de las Fuerzas Armadas, el mandatario lamentó que “durante décadas, nuestro país perdió la capacidad de pensar estratégicamente, la política se acostumbró a pensar en la próxima elección en lugar de pensar en las próximas generaciones”. Asimismo, enfatizó el impacto de dicho abandono al señalar que “se destruyó nuestra riqueza, se abandonaron nuestros sectores estratégicos y se vació a las Fuerzas Armadas”, concluyendo que “un país pobre y sin Fuerzas Armadas, difícilmente puede avanzar de forma efectiva en sus reclamos soberanos”.
En el frente diplomático, la Cancillería argentina ya remitió cerca de 180 notas de desestimación a corporaciones privadas y autoridades de más de 29 países involucrados en emprendimientos no autorizados. Esta acción se complementa con una lectura sobre la correlación de fuerzas internacionales, donde la Casa Rosada resalta el apoyo obtenido en foros globales y la apertura expuesta por la administración estadounidense encabezada por Donald Trump. Sobre este punto, el Presidente reveló que “recientemente el presidente Trump declaró que los Estados Unidos están revaluando su posición histórica con relación a Malvinas” debido a que ven a la Argentina como “un socio confiable, alineado con los valores occidentales”.
El análisis del escenario global contrapone el horizonte del país con la situación política y social que atraviesa la potencia ocupante. Al comparar la dinámica de ambas naciones, la conducción nacional aseveró que “mientras la Argentina es un país con recursos naturales en una posición de importancia estratégica a nivel geográfico”, el Reino Unido enfrenta “múltiples crisis de carácter migratorio, demográfico y económico, que difícilmente tengan solución”. En función de ese diagnóstico, el mandatario fue contundente al expresar que “es claro que ellos recorren un camino de declive, sin embargo, el futuro de Argentina es floreciente y va a prevalecer”.
La fundamentación legal ratificó la vigencia plena de la Primera Cláusula Transitoria de la Constitución Nacional y rechazó de forma absoluta cualquier validez jurídica de los plebiscitos organizados en las islas. En su alocución, la máxima autoridad del Ejecutivo afirmó que “las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, recordando que en 1833 la corona británica “expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días”. Por este motivo, remarcó que los habitantes actuales “al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación”.
El marco argumental subrayó la necesidad de actuar sin demoras para evitar que la ocupación militar se traduzca en una consolidación de la extracción energética offshore. Al repasar la conducta británica frente a la diplomacia internacional, el Jefe de Estado denunció que “desde hace 50 años las Naciones Unidas solicitan a la Argentina y el Reino Unido no realizar acciones unilaterales sobre el territorio hasta que se resuelva la controversia, incluyendo la explotación de sus recursos naturales”, advirtiendo que la potencia europea “ha incumplido sistemáticamente este llamado”.
La presentación concluyó con un pedido de unidad dirigido a la totalidad de la dirigencia política, económica y social del país para sostener una posición monolítica ante el exterior. Al cerrar su mensaje, el Presidente pidió suspender las diferencias partidarias asegurando que “podemos discutir sobre cualquier otra cosa, podemos discutir mis formas, podemos estar en desacuerdo sobre la política fiscal o cambiaria, pero este tema demanda una pausa, demanda que hagamos nuestras armas a un lado y mostremos un frente unido ante el mundo”. La efectividad de estas medidas y el avance de las obras militares en la Patagonia determinarán si Argentina logra detener la producción petrolera o si el proyecto colonial avanza sobre el lecho marino austral.















