
Cancillería, autoridad competente para sancionar la explotación en Malvinas
Política04/09/2026
REDACCIÓNUn decreto establece que Cancillería aplicará la Ley 26.659 para penalizar la explotación no autorizada en la plataforma continental argentina.



Los presuntos infractores a la normativa que regula la explotación de recursos en las Islas Malvinas tendrán un plazo de diez días hábiles administrativos para presentar su descargo. Durante ese período, deberán constituir un domicilio especial y ofrecer la prueba de la que intenten valerse una vez que sean notificados por la autoridad competente.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto fue designado como la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 26.659 y su modificatoria, según lo dispuesto en el Decreto 868/2026. Esta ley prevé sanciones para quienes desarrollen o faciliten actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin la debida autorización del país.


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En ese marco, la Cancillería analizará si existen indicios suficientes para suponer una conducta prohibida. En caso de que se confirme la sospecha, dispondrá la apertura de un sumario y notificará al presunto responsable en su domicilio constituido, real o legal conocido.
Además, el decreto instruye a todos los organismos de la Administración Pública Nacional a informar a la Autoridad de Aplicación sobre cualquier hecho que pueda configurar una infracción. Este reporte deberá realizarse en un plazo de cinco días hábiles administrativos desde la toma de conocimiento del hecho.
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Una vez concluida la etapa probatoria, o vencidos los plazos para presentar el descargo, la Autoridad de Aplicación dictará una resolución fundada en un lapso de diez días hábiles. Dicha resolución podrá disponer el archivo de las actuaciones o la aplicación de la sanción correspondiente prevista en la ley.
El decreto recuerda que la Constitución Nacional, en su disposición transitoria primera, ratifica la legítima e imprescriptible soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. También se subraya que el Estado Nacional tiene la obligación de llevar adelante todas las acciones necesarias para recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre dichos territorios.
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