Procesan al dueño de Manaos por evasión de Ganancias de 2020: embargos por $500 millones
Actualidad04/09/2026
REDACCIÓNLa Justicia redujo la acusación contra Orlando Canido de una cifra millonaria a un solo impuesto, tras una modificación legislativa aplicada de forma retroactiva.
Orlando Eduardo Canido, propietario de la reconocida marca Manaos, fue procesado por una presunta evasión del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio 2020, por un monto de $132 millones. Esta acusación es la única que subsiste de una investigación que originalmente abarcaba reclamos mucho mayores.
La resolución judicial, que aún no representa una condena, también dictó embargos sobre los bienes de Canido por $250 millones y sobre su empresa Refres Now por otros $250 millones. La defensa ya apeló el procesamiento, y será la Justicia de San Martín la que deba revisar esta decisión.
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La causa se inició por una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por presuntas irregularidades fiscales de 2017, 2018 y 2020, con un reclamo actualizado que rondaba los $4.000 millones. Sin embargo, la mayor parte de esas acusaciones fueron descartadas durante el proceso judicial.
El cargo que prosperó se relaciona con una declaración jurada de 2020 de Refres Now, considerada inexacta. La empresa registró $650 millones como “otras cuentas por pagar”, atribuyendo ese monto a un préstamo de Norberto Ernesto Canido, pero solo $150 millones pudieron ser respaldados documentalmente.
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Los restantes $400 millones fueron cuestionados por el fisco, que los consideró un pasivo simulado que derivó en un incremento patrimonial no justificado. La defensa de Orlando Canido argumentó que parte de los fondos provenían de Lorenzo Pizzo, pero ARCA puso en duda su capacidad económica en enero de 2020.
El empresario aseguró que la operación se realizó en efectivo y que el dinero fue devuelto, pero el juez no encontró documentos ni movimientos bancarios que respaldaran esas afirmaciones. La discusión judicial se centró así en justificar el origen y la devolución de esos fondos declarados por la compañía.
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La aplicación retroactiva de la Ley 27.799 fue determinante en la reducción de la causa, al elevar el umbral para la evasión simple de $1,5 millones a $100 millones por tributo y ejercicio. Este cambio legal llevó a la prescripción de los cargos de 2018 y dejó el IVA y los impuestos internos de 2020 por debajo del nuevo límite, concentrando la investigación en Ganancias de 2020.
Canido rechazó la acusación, afirmando ante La Nación: «Yo no debo un peso; no debo un aguinaldo ni una hora extra. Nada». El empresario también cuestionó que la Justicia le pida documentación que, según su versión, había sido secuestrada durante un allanamiento.
Este proceso tiene antecedentes de fiscalizaciones previas, como la investigación de AFIP en 2018 por una presunta evasión de $900 millones y cuestionamientos sobre su red de distribuidores. En aquella inspección, se detectó que 39 de 80 distribuidores mayoristas figuraban en la base de contribuyentes “no confiables” del organismo fiscal.
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