Comenzó a regir la Ley penal para los adolescentes desde los catorce años
Actualidad05/09/2026
REDACCIÓNEl nuevo Régimen Penal Juvenil baja la edad de imputabilidad a 14 años este sábado. Funcionarios alertan: el sistema no está listo para más casos, con los mismos recursos.
Funcionarios judiciales proyectan que las causas penales en la justicia bonaerense podrían incrementarse entre un 40% y un 60%, con la posibilidad de que la cifra trepe hasta un 80%. Este aluvión de expedientes, alertan, deberá ser cubierto con los mismos recursos que los juzgados y fiscalías tienen en la actualidad. La preocupación surge ante la entrada en vigencia del nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil.
A partir de las 0 de este sábado comenzó a regir la Ley 27.801, sancionada por el Senado de la Nación en febrero de este año. La norma establece el régimen penal aplicable a los adolescentes desde los catorce años hasta los dieciocho años cuando sean imputados por un delito. El principal cambio es la reducción de la edad de imputabilidad, que anteriormente era a partir de los 16 años.
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La puesta en marcha de la ley generó cuestionamientos desde fiscalías y juzgados que atienden causas de menores. «Hasta este viernes llamamos a los chicos de 14 y 15 'no punibles' y ahora se convierten en 'punibles'. Significa que cuando comete un delito grave, de penas de más de tres años como robo a mano armada, abuso u homicidio, va preso», explicó un fiscal de menores de la provincia de Buenos Aires. Este cambio implica el inicio de un proceso penal completo, que incluye pericias a celulares, armas e informes médicos.
Según un secretario de un juzgado de menores bonaerense, el nuevo procedimiento será más amplio y afectará el funcionamiento de las fiscalías. «Se van a seguir causas que ahora no. Hasta este viernes si un menor que cometía un hecho tenía derecho a ser oído, ahora se lo imputa, se lo indaga y sigue un proceso penal hasta un juicio», detalló el funcionario. Además, remarcó que la justicia de menores también investiga y procesa a mayores cuando participan en un mismo hecho.
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En 2025, la Procuración bonaerense registró 1.857 procesos penales juveniles con 1.828 menores imputados. A nivel nacional, la Corte Suprema de Justicia informó que ese mismo año se iniciaron 1.753 causas penales contra menores, de las cuales 802 correspondieron a niños de hasta 15 años, quienes entonces eran inimputables. De ese total, 1.193 menores fueron imputados por primera vez.
Un juez de un tribunal nacional de menores consideró que la norma provocará «un sistema desbordado», ya que la estructura estatal de centros de menores «no está preparada para el incremento de los delitos y la baja de edad de inimputabilidad». El mismo magistrado afirmó que la ley responde a una demanda social por más seguridad. Otro fiscal calificó la ley como de «marketing», argumentando que no aborda problemas de fondo como la falta de educación y trabajo.
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El sistema policial y educativo tampoco estarían preparados para este nuevo escenario, según las críticas de un juez. «El sistema penal no educa ni sociabiliza», expresó. En contraste, un fiscal señaló que la reinserción es posible y que la reincidencia no es alta. «Cuando se le da la posibilidad de algo distinto, como aprender una profesión, la agarran», afirmó, mencionando el oficio de peluquero como un ejemplo de salida laboral.
La normativa también contempla la creación de institutos especiales para contener a los jóvenes, con personal especializado y programas educativos, laborales y recreativos. Hasta el viernes, a los menores de 15 y 16 años se les aplicaban «medidas de seguridad restrictiva de la libertad» en centros por un máximo de un año, donde estudiaban, aprendían oficios y trabajaban en sus vínculos familiares.
Por otra parte, la nueva ley reduce la pena máxima de prisión de 20 a 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Para delitos con penas de hasta 10 años de prisión que no impliquen muerte o lesiones graves, se aplicarán condenas como prisión domiciliaria, tareas comunitarias o reparaciones económicas.
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