Las licencias británicas de pesca en Malvinas generaron USD 45 millones y fueron capturadas 261.903 toneladas

La industria pesquera argentina reclamó al Gobierno que la explotación de recursos ictícolas en las islas sea considerada ilegítima, al igual que las concesiones petroleras.

El sistema de licencias de pesca que administra el Reino Unido en las Islas Malvinas generó ingresos por aproximadamente 33,8 millones de libras esterlinas entre 2023 y 2024, equivalentes a unos 45 millones de dólares. Las proyecciones para el período siguiente estiman un aumento a 36,1 millones de libras, lo que demuestra la magnitud económica de la actividad en la zona.

Durante 2024, las capturas en aguas bajo administración británica alcanzaron las 261.903 toneladas, uno de los mayores registros de los últimos años. De ese volumen total, 146.689 toneladas correspondieron a la especie de calamar Illex argentinus. En los picos de la temporada de calamar, la cantidad de buques con licencia activa puede superar los 130.

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En este contexto, la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) solicitó formalmente al Gobierno nacional que incluya a la pesca en su ofensiva diplomática contra la explotación de recursos naturales en el archipiélago. La entidad argumenta que si las concesiones petroleras en un territorio en disputa son consideradas ilegítimas, el mismo principio debe aplicarse a los permisos de pesca.

El presidente de la fundación, Raúl Cereseto, diferenció la situación de ambos recursos naturales. «El petróleo está debajo del mar y los peces están dentro del mar. Los dos son recursos naturales y forman parte de una misma discusión de soberanía», afirmó. Además, agregó que la diferencia radica en que se intenta impedir una explotación petrolera futura mientras los recursos pesqueros son explotados desde hace décadas.

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La Fulasp destacó que la actividad pesquera bajo licencias británicas no es una amenaza a futuro, sino una realidad a escala industrial que lleva décadas en desarrollo. Según la entidad, se trata de «una actividad económica ilícita de enorme magnitud que ya existe», a diferencia del debate sobre los hidrocarburos, que se centra en una explotación aún no iniciada.

Desde una perspectiva biológica, el problema se vuelve más urgente debido a que las especies explotadas en esas aguas son migratorias. Documentos analizados por la fundación confirman los desplazamientos de distintas poblaciones entre la Zona Económica Exclusiva argentina, el alta mar y las aguas administradas por el Reino Unido. La sobreexplotación en una jurisdicción impacta directamente en todo el ecosistema regional.

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Entre las especies afectadas se encuentran la merluza común, el calamar Illex, la polaca, la merluza de cola y el bacalao de profundidad. Cereseto advirtió sobre esta situación al señalar que «los peces no entienden de líneas dibujadas sobre un mapa». La entidad también alertó que algunas embarcaciones con licencias británicas operan sobre el borde exterior de la zona económica argentina, incrementando la presión sobre los mismos recursos.

Paralelamente, la fundación valoró la política de «tolerancia cero» contra la pesca ilegal que aplica el Gobierno argentino. Durante 2026, las autoridades sancionaron a cinco buques extranjeros por infracciones en aguas nacionales: el español Farruco y los buques Bao Feng, Bao Win, Coimbra y Hai Xiang 2. Esta experiencia, según Fulasp, debería servir de antecedente para la defensa de los recursos en Malvinas.