Denuncian penalmente a jueza que suspendió el Régimen Penal Juvenil en Buenos Aires
Política08/09/2026
REDACCIÓNUsina de la Justicia acusó a la jueza Marta Pascual de usurpación funcional y abuso de autoridad por frenar normativa, y pidió ir a la audiencia del 16/9.
Funcionarios bonaerenses de las áreas de Seguridad, Justicia y Niñez deberán informar el próximo 16 de septiembre a las 10 las medidas adoptadas y previstas para implementar el nuevo Régimen Penal Juvenil. La jueza Marta Elba Pascual convocó a esta audiencia en la resolución mediante la cual suspendió la aplicación de la ley por 60 días.
En paralelo, la ONG Usina de la Justicia presentó una denuncia penal contra la magistrada por los supuestos delitos de Usurpación Funcional y Abuso de Autoridad. La organización, a través de su apoderado, el doctor Fernando Soto, se constituyó como querellante en la causa.
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Para la entidad, la determinación de la jueza Pascual es «absolutamente arbitraria y contraria a Derecho», ya que la magistrada suspendió una norma que fue previamente aprobada por el Congreso Nacional. Esta acción, según la ONG, viola la división de poderes en la provincia de Buenos Aires.
La decisión de Pascual se basó en “una hipótesis de futuro”, argumentando un posible incremento de adolescentes detenidos y, consecuentemente, problemas de alojamiento. No obstante, Usina de la Justicia recordó que la ley establece un máximo de 15 años para las penas privativas de libertad, prohíbe las condenas perpetuas y agrega medidas alternativas a la cárcel.
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Además, la ONG exigió que se considere la mirada de las víctimas de delitos y criticó que no se hubieran tomado en cuenta de manera integral las medidas alternativas a la prisión que están establecidas en el nuevo régimen. Usina de la Justicia también solicitó intervenir como amicus curiae en el habeas corpus que frenó la normativa.
En este marco, La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires comunicó el mismo día que se solicitará el juicio político para la jueza Marta Elba Pascual. Esta acción política se suma a la denuncia penal presentada por la ONG contra la magistrada.
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